La conflictividad social entre el 2021 e inicios del 2023 obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas de S/ 7,000 millones.
Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1.1 puntos porcentuales menor. Además, la recaudación fiscal podría haber aumentado en S/ 1,800 millones, equivalente al 5.2% del total recaudado en el sector minero durante dicho periodo. Así lo reveló el Instituto Peruano de Economía (IPE) mediante el estudio “¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería”.
Al respeto, Rolando Luque Mogrovejo, adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo manifestó a Gestión que en el país es clave tener una idea clara sobre la conflictividad social y la multiplicidad de causas que están detrás.
“No es posible gobernar bien o invertir en proyectos mineros sin tener presente las consecuencias personales, económicas o institucionales de los conflictos”, anotó.
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Consideró que en los últimos años, sin embargo, el factor principal de disminución de las inversiones privadas estaría relacionado con la inestabilidad política, en particular la pérdida de legitimidad de las instituciones. “Hay que tener presente que la seguridad jurídica, los consensos básicos, el diálogo constructivo, y por ende, las decisiones sobre dónde, cómo y cuándo invertir, descansan en la confianza”, resaltó.
Además, precisó que de los 11 casos señalados, ocho están diálogo (cuatro de ellos suspendidos: Inmaculada, Apumayo, Cuajone y Uchucchacua); y dos no están registrados como conflictos (San Rafael paralizó durante la pandemia, y en El Brocal, hubo protestas pero no está registrado como conflicto).
¿Cuánto dura resolver un conflicto social? De acuerdo acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo existen 225 conflictos, similar número al reporte anterior, pues mientras se resolvían tres controversias, en Cajamarca Lima y Piura, otras tres ingresaron al listado, en Ayacucho Piura y San Martín.
Si se observa el estudio el máximo de controversias resueltas en un mes, en los últimos 13 meses son tres, y solo ocurrió en mayo y agosto. Mientras que, en diciembre (2022), enero, marzo, abril y julio de este año, no se solucionó ningún conflicto.
El adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo explicó que en los últimos cinco años el promedio de tiempo de duración de un conflicto desde que se inicia hasta que se suscribe un acta con acuerdos finales es de 26 meses.
“Depende del número de demandas, de su complejidad; de la voluntad para sostener el espacio de diálogo y llegar a acuerdos; de la capacidad técnica para comprender los problemas y formular opciones de solución; de la organización del proceso de diálogo, especialmente de la facilitación o mediación; del cumplimiento de los acuerdos parciales” manifestó.
Añadió que durante el 2022 el número de casos resueltos fue de 17, es decir, casi un tercio de los casos nuevos registrados que fue de 49.
Cabe indicar que de los 109 conflictos activos en proceso de diálogo registrados durante agosto, el 74.3% (81 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental.
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Conflictos socioambientales
De acuerdo al reporte N.° 234 los conflictos socioambientales ocuparon el 62.7% (141 casos) del total de disputas registradas en el mes. Le siguen los conflictos de tipo comunal, con 10.2% (23 casos).
De los 141 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 68.1% (96 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 19.9% (28 casos).
El estudio también detalla que los conflictos socioambientales activos relacionados a la actividad minera representaron durante este mes el 66.4% (71 casos); le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 22.4% (24 casos).
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