El Ejecutivo oficializó este lunes la declaratoria del estado de emergencia en los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos (Chupaca), así como en las localidades de Chupuro, Viques y Huacrapuquio (Huancayo) en Junín, con el propósito de asegurar la protección de los ciudadanos afectados por el sismo de magnitud 5.1 del último sábado, que dejó seis fallecidos y cientos de afectados.
La disposición, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, regirá por un plazo de 60 días calendario a partir del 20 de julio, y tiene por objetivo acelerar la respuesta estatal y dinamizar la ejecución de las obras de rehabilitación para recuperar el bienestar en el territorio.
Acciones en el estado de emergencia
El documento precisa que el gobierno regional y los municipios comprendidos ejecutarán las acciones de excepción, atención y recuperación inmediatas. Estas intervenciones contarán con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación articulada de los diversos sectores involucrados.
Entre las labores por realizar, se considera en Salud la instalación de puestos médicos de avanzada, el envío de brigadas y la evaluación de infraestructuras sanitarias. A la par, el Ministerio de Educación habilitará espacios alternos para los estudiantes y la cartera de Desarrollo Agrario y Riego brindará asistencia técnica a los productores.
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En cuanto a la infraestructura, el decreto faculta a los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento a movilizar maquinaria pesada. Además, autoriza a este último portafolio a proporcionar soluciones habitacionales para los damnificados.
Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, garantiza la seguridad ciudadana y las labores de rescate, en tanto que Defensa pondrá a disposición sus medios aéreos para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a cargo del Indeci. De otro lado, los portafolios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social focalizarán la asistencia en la población más necesitada.
Finalmente, las autoridades regionales y locales asumen la responsabilidad de ejecutar los planes de evacuación y consolidar el padrón de familias damnificadas. Asimismo, mantendrán en sesión permanente a sus plataformas de defensa civil para agilizar la asignación de recursos y asegurar el soporte oportuno a los ciudadanos.
