Luego de un recorrido por numerosas instituciones educativas ubicadas en diferentes distritos de la zona norte de Lima, la Defensoría del Pueblo invocó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), organismo perteneciente al Ministerio de Educación (Minedu), a dar prioridad a la reconstrucción de aquellos colegios que registran mayor deterioro por el paso de los años y cuya situación se ha visto agudizada tras el movimiento sísmico del domingo 15 de junio.
Durante las visitas se advirtió con preocupación que algunos de los locales educativos visitados han sido informados de que están impedidos de usar los recursos propios con que cuentan y que son generados –por ejemplo- por el alquiler de ciertas áreas libres para el parque de automóviles de los vecinos durante la noche. Con los ingresos que generan podrían atender algunos requerimientos técnicos para mejorar su infraestructura.
Un caso que describe esta problemática es el de la institución educativa Micaela Bastidas, ubicada en el distrito de Los Olivos, cuyas autoridades vienen solicitando desde el año 2020 que se atienda las solicitudes que dan cuenta del deterioro de sus paredes y el mal estado de sus pisos. Según refirieron, tras el último movimiento sísmico han caído las lunas de algunas de sus ventanas. Además, informaron que no cuentan con un informe técnico que pruebe su situación, debido a que elaborar dicho expediente técnico tiene un costo que el Minedu no puede asumir y que ellos – indicaron- están impedidos de asumir con los recursos propios.
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En la agenda de Pronied, la reconstrucción del referido colegio estaba prevista para el año 2032. La Municipalidad Distrital de Los Olivos, a través de su Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, tomó conocimiento de esta situación y ofreció un local pero éste carece –por ejemplo- de servicios higiénicos y ambientes para el curso de educación física, hecho que no garantiza un adecuado servicio de educación para los mil 600 miembros de su población escolar, indicaron representantes del plantel a la Oficina Defensorial de Lima Norte.
Por su parte, la institución educativa Independencia, situada en el distrito del mismo nombre, tiene una antigüedad de 66 años y acoge a mil 800 escolares. Durante el recorrido se comprobó que gran parte del inmueble se encuentra en mal estado, está ubicado al pie de un cerro y registra filtraciones de agua procedente de los jardines de casas aledañas. Por ello, se requiere contar con un adecuado cerco perimétrico.
También preocupa el hecho de que dicho plantel registra en los exteriores de su local un número importante de vendedores ambulantes y es paradero de mototaxis, lo que representa un peligro ante un eventual acontecimiento que demande la evacuación de los educandos, así como personal docente y administrativo, indicó la Defensoría.
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Otro caso crítico es el de la institución educativa Virgen de la Medalla Milagrosa, también ubicada en el distrito de Independencia, que enfrenta una grave situación por el deterioro de su infraestructura que es conocida por el Minedu desde hace varios años y existía el compromiso de reconstruirla el año 2024.
Ante ello, la Unidad de Gestión Educativa Local 2 (UGEL 2) dispuso que el dictado de clases sea virtual, método que se viene aplicando pero que no es aceptado por los padres de familia porque no cuentan con el servicio de internet adecuado y porque la mayoría de ellos cuentan con solo un dispositivo móvil para más de un escolar por casa. De otro lado, hubo el ofrecimiento de trasladar a los estudiantes a un local cercano del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el cual cuenta con módulos para acoger a sus 1120 escolares, apuntó.
La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades del Minedu, a través de las UGEL, para adoptar las medidas necesarias y oportunas que permitan solucionar los graves problemas de infraestructura de los colegios de Lima norte. Mientras tanto, se informó que la sede defensorial continuará supervisando y alertando de los problemas que registren los centros educativos de esta zona de la capital.
