
La controversia en torno al retorno de Patricia Benavides a su cargo como fiscal suprema ha vuelto a tensar los vínculos entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Aunque la Corte Suprema anuló la medida que la suspendía por 24 meses, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la JNJ aclaraciones sobre la ejecución del fallo. Sin embargo, esta posición ha sido duramente criticada por Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, quien advierte que postura de Espinoza podría derivar en consecuencias penales.
“Hemos escuchado que quieren un pronunciamiento, una aclaración por parte de la Junta Nacional de Justicia. Cosa que es impropia porque, en todo caso, quien aclara es el organismo que emite la resolución. En este caso, la sentencia del Poder Judicial. La JNJ no tiene mucho que aclarar en vista de que hay un imperativo por el cual Patricia Benavides debe regresar en su condición de fiscal suprema”, declaró Álvarez en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N.
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Para el exmagistrado del TC, las explicaciones que viene ofreciendo la actual fiscal de la Nación podrían tener un trasfondo más preocupante. “Es como decir que no la reincorporan porque no hay mobiliario para su oficina. Esto ya no solo denota un encono personal, sino una preocupación mayor. Hasta qué punto el Ministerio Público, en el sector que ahora está dominando esta institución, está manejado con criterios que van incluso más allá de la política”, cuestionó.
Álvarez advierte que la negativa a cumplir un mandato judicial claro puede generar consecuencias legales para la propia titular del Ministerio Público. “Cuando hay una sentencia judicial que no se cumple, las consecuencias pueden ser de carácter penal. Es obvio que Delia Espinoza está jugando al filo de la navaja y no solamente va a poder ser procesada y posiblemente destituida por la JNJ, sino inclusive se va a ver complicada su situación con un proceso penal por todo lo que viene haciendo”, aseveró.
La fiscal de la Nación justificó la dilación en el cumplimiento del fallo alegando que la JNJ debía aún responder un requerimiento pendiente y que existe una resolución anterior —de 60 días de suspensión— que no tendría fecha clara de inicio. Además, planteó que se debe evaluar si hay presupuesto suficiente para asumir el retorno de Benavides.

Pero para Álvarez, esos argumentos no tienen sustento. “La señora Espinoza es una profesional experta en derecho penal. ¿Quién le está asegurando impunidad? ¿Quién la está manipulando para hacerle creer que no tendrá consecuencias?”, se preguntó.
Consultado sobre la diferencia entre anular una suspensión y ordenar una reposición, que también ha sido esgrimida por Espinoza, el abogado constitucionalista fue enfático: “Cualquier persona puede entender que cuando una sentencia señala que es imperativo reincorporar a alguien en su condición de fiscal suprema, ya no hay más que decir”.
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Álvarez también reveló que, según su información, la JNJ ya dio por cumplida la suspensión de 60 días impuesta previamente a Benavides, y habría dado 24 horas a Espinoza para que proceda con su reposición. “La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que es la más importante en su ámbito, ha dicho que se violaron derechos fundamentales. Eso implica una reparación inmediata del daño causado, conforme al artículo primero de la Constitución, que pone la dignidad de la persona humana por encima del Estado y la sociedad”, explicó.
Finalmente, el constitucionalista consideró que no se trata solo de una disputa administrativa o presupuestal. A su juicio, lo que está en juego son las consecuencias institucionales de un eventual retorno de Benavides.