
El Congreso de la República recibió cinco mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, todas sustentadas en la causal de “permanente incapacidad moral” establecida en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política del Perú.
La primera de ellas fue presentada por un grupo de congresistas que acusan a la mandataria de haber incurrido en graves actos de corrupción, faltas éticas e incapacidad para conducir el país, en medio de un contexto de creciente crisis política y social.
La moción de orden del día N° 19769 argumenta que la presidenta ha incurrido en graves acusaciones de corrupción, ha vulnerado los principios éticos que deben regir la función pública y ha demostrado incapacidad para el servicio a la Nación, lo que, según sus autores, configura una “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo. El documento de 14 páginas detalla hechos y fundamentos legales que, a criterio de los firmantes, justifican la vacancia presidencial.
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Entre los principales fundamentos figura el caso “Rolexgate”, revelado por el medio “La Encerrona”, que expuso el uso de relojes de lujo no declarados en su hoja de bienes. La Fiscalía de la Nación investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración, tras hallarse documentación de un reloj Rolex supuestamente prestado por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. La moción también cuestiona la transferencia de S/100 millones al gobierno regional de Ayacucho mediante un decreto de urgencia emitido durante el mismo periodo.
El texto añade el “caso El Cofre”, en el que se menciona una presunta protección al prófugo Vladimir Cerrón, y cita declaraciones del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre supuestos traslados de Cerrón en vehículos oficiales. Según el documento, este hecho evidenciaría vínculos entre el Ejecutivo y el líder de Perú Libre.
Otra de las acusaciones señala abandono de cargo y uso inconstitucional de viajes presidenciales, al haberse aprobado una ley que permite a la presidenta encargarse del despacho de manera remota, pese a que la Constitución exige delegar funciones en un vicepresidente. La moción sostiene que esa norma, aprobada en 2024, “contraviene el texto constitucional” y permitió que Boluarte viajara al extranjero en cinco oportunidades.

La segunda moción de vacancia, moción de orden del día N° 19770, señala también la causal de permanente incapacidad moral. Entre los argumentos, menciona que la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles críticos sin precedentes bajo la actual gestión presidencial, evidenciando una falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política para enfrentar al crimen organizado que hoy viene sometiendo al país.
“La falta de liderazgo y de una política criminal coherente por parte del Ejecutivo ha permitido que las organizaciones delictivas consoliden su dominio sobre las calles, las empresas y los trabajadores del transporte”, se lee en el documento.
Agregan que los hechos de violencia contra artistas se han tornado cada vez más frecuentes y extremos, en relación al atentado que sufrió la noche del miércoles la agrupación Agua Marina, en el que cuatro personas resultaron heridos.
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Reportan además falta de liderazgo de la mandataria, quien, “lejos de asumir su responsabilidad frente a la grave crisis de inseguridad y criminalidad que atraviesa el país, ha demostrado una alarmante desconexión con la realidad nacional”.
Recuerda además, que durante el paro nacional de transportistas del pasado lunes 06 de octubre, la mandataria instó a la ciudadanía a “no abrir mensajes ni contestar llamadas de números desconocidos”, sosteniendo que esa sería la forma de prevenir las extorsiones.

La tercera moción de vacancia presentada, moción de orden del día N° 19771, cita al profesor Abraham García Chávarri profesor de Derecho Constitucional de la PUCP, quien señala que si tomamos el juicio moral en sentido no juridificado, sino más bien amplio y social, la incapacidad moral será “juzgada” desde las convenciones culturalmente aceptadas como correctas o buenas, así, “incurriría en incapacidad moral aquel sujeto que infringe una determinada prescripción moral”, es decir, comete una “mala” conducta, desde una valoración de la comunidad.
“En tal sentido, el juicio moral tiene por finalidad el retiro del cargo a aquella autoridad que ha hecho mal uso, indigno o indecoroso, de su cargo, como es el caso de la actual presidenta de la República”, mencionan en el documento.
Dentro de los argumentos, compartieron cifras recientes del Sinadef, en el que se reportan niveles elevados de homicidios en el país. Asimismo, los datos alarmantes en extorsión, sicariato y criminalidad en nuestro territorio.
Señalan que la mandataria “no ha tomado decisiones claras, objetivas ni ha gestionado políticas públicas eficaces para enfrentar esta crisis, lo que supone una conducta omisiva y desaprobada por la población”.

La cuarta moción presentada, moción de orden del día N° 19772, también señala la causal de permanente incapacidad moral. El principal fundamento que menciona es la “incapacidad total para dirigir la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”.
Asimismo, el abandono injustificado de funciones y ocultamiento de situación irregular de la suspensión fáctica de sus funciones en el cargo presidencial.
El tercer punto hace mención a las “conductas sistemáticas inmorales vinculadas a atentados contra la vida y la seguridad de la población, corrupción de funcionarios y desbalance patrimonial”, en referencia a las movilizaciones ciudadanas acontecidas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, en protesta a la juramentación del cargo presidencial por parte de Dina Boluarte. Como se recuerda, como consecuencia de las movilizaciones, fallecieron decenas de civiles, según reportó la Defensoría del Pueblo.
El documento también hace mención al caso Rolex, el caso de la desactivación del Equipo Especial de la PNP e intento de desactivación de la DIVIAC, según afirman, “con el fin de entorpecer investigaciones en contra de su persona y las de su entorno familiar”.

La quinta moción de vacancia presidencial, presentada bajo el N.° 19781, sostiene que la jefa de Estado ha incurrido en “una pérdida total del liderazgo moral exigido por la función presidencial” y que su conducta representa una “grave afectación al principio de responsabilidad política del más alto cargo del Estado”. Entre los principales fundamentos se señala su negativa a asumir responsabilidad por las 49 muertes registradas durante las protestas sociales tras su llegada al poder, lo que, según el documento, evidencia una evasión de responsabilidad política y una violación de los derechos humanos.
El texto también retoma el caso Rolex, subrayando las contradicciones en las versiones de la mandataria sobre el origen de los relojes y joyas de lujo, y su relación con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Asimismo, se incluyen como causales el presunto uso indebido del aparato estatal con fines partidarios, a través de la red de prefectos y subprefectos vinculada a Nicanor Boluarte, y el caso del “cofre presidencial”, donde se habrían producido inconsistencias sobre el uso de vehículos oficiales y el manejo de bienes del Estado.
La moción además acusa a la presidenta de ocultar una incapacidad temporal durante sus cirugías estéticas en 2023, sin informar al Congreso para activar la sucesión constitucional. En ese marco, se mencionan también denuncias de presunta falsificación de firmas en documentos oficiales, así como una campaña de intimidación contra el médico Mario Cabani, quien reveló detalles de los procedimientos.
Otro punto incluido es el otorgamiento exprés de un salvoconducto a la ex primera dama Nadine Heredia, que permitió su salida del país pese a una condena de 15 años de prisión por lavado de activos, lo que, según la moción, evidenciaría un “contubernio político” para favorecer a una sentenciada.
Finalmente, el documento advierte una crisis de gobernabilidad en el Ejecutivo, reflejada en la remoción de ministros y la renuncia del premier Gustavo Adrianzén, lo que, afirman los firmantes, revela la falta de liderazgo y capacidad de gestión de la mandataria.
La moción concluye que estos hechos, sumados a las contradicciones, faltas a la verdad y actos de encubrimiento, configuran un “patrón sistemático de conductas incompatibles con la dignidad del cargo presidencial” y constituyen una clara situación de permanente incapacidad moral, de acuerdo con el artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política del Perú.

Las cuatro mociones serán admitidas a trámite solo si alcanza las firmas y los votos reglamentarios. De ser así, la presidenta deberá ser citada para ejercer su defensa ante el Pleno antes de la votación final.