El Ejecutivo destinó S/291,600 para cubrir los honorarios de la defensa legal del expresidente Ollanta Humala en el proceso que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano, por presunta colusión y asociación ilícita.
El Despacho Presidencial convocó, el último viernes, a un proceso de contratación directa para la “contratación del servicio de defensa y asesoría legal” a favor del exmandatario, según documentación.
El alcance del servicio incluye la defensa técnica durante la etapa intermedia del proceso, gestión de antecedentes, análisis del caso, actuaciones procesales y acompañamiento en audiencias.
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De acuerdo con información de RPP, el beneficio fue otorgado luego de una solicitud presentada por Ollanta Humala el 11 de agosto pasado, en la que pidió al Ejecutivo asumir su patrocinio legal en el proceso por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Para entonces, el exjefe de Estado ya había sido condenado a 15 años de prisión por lavado de activos agravado, por los aportes irregulares recibidos por el Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011.
La Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial consideró que los hechos imputados en el caso Gasoducto Sur ocurrieron mientras Humala ejercía la Presidencia de la República, por lo que recomendó la procedencia del beneficio.
El Ejecutivo dispuso un gasto superior a S/290 mil para la defensa legal del exmandatario Ollanta Humala. Foto: GEC / César Bueno.
Según el informe legal, el exmandatario habría favorecido de forma indebida al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del megaproyecto gasífero del sur, mediante resoluciones supremas conjuntas con otros funcionarios, lo que habría ocasionado perjuicio económico al Estado.
Ocho días después del pedido, el subsecretario general del Despacho Presidencial, Ysmael Mayuri Quispe, emitió la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, que declaró procedente la solicitud y dispuso que la Oficina General de Administración ejecute la contratación respectiva.
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La decisión se produce en un contexto de restricción fiscal, dado que el Gobierno había aprobado, apenas un día antes, un decreto de urgencia para reforzar la austeridad y eficiencia del gasto público ante el incremento del déficit fiscal.
El Ejecutivo señaló en ese documento que los ingresos fiscales vienen siendo menores a los previstos y que el gasto público mantiene una tendencia creciente, por lo que instó a los sectores a priorizar recursos esenciales.
