
Además de las extorsiones y la ola de criminalidad que van en ascenso, el sector bodeguero deberá enfrentar más desafíos el próximo año, debido a las restricciones de la llamada ‘Ley Seca’ que regirá durante las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales.
Esto limitará las ventas de bebidas alcohólicas durante cuatro fines de semana, generando un impacto económico significativo que las bodegueras esperan que se pueda mitigar.
En este contexto, la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) participó de la mesa de trabajo convocada por el congresista Edward Málaga, donde se discutió el proyecto de ley que plantea aplicar la ‘Ley Seca’ de manera excepcional, focalizada y sujeta a evaluación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según la coyuntura nacional, regional o local.
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Mercedes Quiñones, presidenta de la célula de Áncash de Agremub, resaltó el rol económico de las bodegas formales, cuyos ingresos son significativos, pese a su bajo capital individual. “La ‘Ley Seca’ solo la cumplen los comercios formales, ya que las autoridades muchas veces no fiscalizan de forma efectiva en las provincias. Esto impacta directamente en nuestra canasta familiar”, indicó.
Dejarían de percibir más de S/ 320 millones en ventas
Por su parte, Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de MYPES Unidas del Perú (MUP), advirtió que las bebidas alcohólicas representan hasta el 55% de los ingresos de una bodega. Señaló, además, que por los ocho días en los que se aplicaría la ‘Ley Seca’ el próximo año, estos negocios dejarían de percibir más de S/ 320 millones en ventas y sufrirían pérdidas de más de S/ 48 millones en utilidades.
En ese sentido, Juan Enrique Pestana, gerente de Asesoría Legal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), remarcó que la norma actual “no establece una prohibición absoluta al consumo”. Además, aclaró que se debe estudiar qué funciones cumpliría cada organismo electoral. “La ONPE es el que organiza el proceso electoral y hace las coordinaciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, explicó Pestana.
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En la mesa de trabajo también asistieron los representantes de la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), la Asociación de empresarios y emprendedores de Turismo (Emaltur), del Instituto de Competencia y Regulación de la Universidad San Marcos, así como Alberto Kurowa, director de Fiscalización de Procesos Electorales, José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo y el empresario Damián Odé.
