Este lunes, el Ejecutivo sustenta formalmente ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú el pedido de facultades para legislar durante 60 días en las materias de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aclaró que la propuesta sobre el delito de revelación de información reservada no está dirigida al periodismo. Foto: ANDINA/Difusión.
15:23
Mininter aclaró que propuesta sobre sanciones en la revelación de información no aplicará a la prensa
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aclaró que la propuesta sobre el delito de revelación de información reservada no está dirigida al periodismo, sino únicamente a los funcionarios públicos, como policías, miembros del Ministerio Público y jueces que, por negligencia o motivos ilícitos, filtren información sensible a la que tienen acceso.
Durante su participación en la Comisión de Constitución, señaló que la iniciativa del Ministerio del Interior no pretende criminalizar ni restringir el trabajo de la prensa ni la cobertura de casos sensibles.
“No existe la voluntad de atacar o indisponerse con la prensa con relación a la propuesta de modificación del Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de las investigaciones penales”, añadió.
Además, remarcó que no se está cuestionando la labor legítima de las unidades de investigación periodística.
“Por el contrario, para nosotros, la prensa es nuestra aliada en esta lucha contra el crimen”, puntualizó.
15:16
Minjusdh propone crear la Superintendencia Nacional de Internamiento para reemplazar al INPE
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó, ante la Comisión de Constitución del Congreso, 14 propuestas para reforzar la seguridad ciudadana, entre ellas la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), la cual reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).
"La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y a modernizar nuestras herramientas legales", indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
El funcionario señaló que la estructura del INPE se encuentra desfasada frente a la metodología y dinámica delictiva actual. Por ello, anunció la propuesta de crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
"Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva", añadió.
15:09
Ejecutivo propone modificar la Ley del refugiado y aprobar Ley del apátrida
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció la presentación de los proyectos de modificación de la Ley del Refugiado, así como la aprobación de la Ley de la Persona Apátrida.
Esta propuesta fue mencionada durante la sustentación del pedido de facultades del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.
Sobre la modificación de Ley del Refugiado, el canciller explicó que "se trata de establecer fundamentalmente requisitos claros que permitan precisar el procedimiento de calificación de refugiados".
Por otro lado, De Zela indicó que el segundo proyecto busca la aprobación de la Ley de la Persona Apátrida.
Señaló que el Estado peruano es parte de la convención sobre el estatuto de los apátridas, la cual se encuentra vigente para el Perú desde enero del 2014.
Esta normativa establece obligaciones a los estados para la determinación de la aplicación de la condición de apátrida a una persona que no tiene nacionalidad y señaló, además, a qué persona no se debe aplicar dicho término.
11:58
Mininter plantea inhabilitar a jueces y policías que filtren información secreta
“Nos enfrentamos a una amenaza grave que debilita al Estado desde adentro: la filtración de información reservada de las investigaciones policiales”, sostuvo ante la Comisión de Constitución del Congreso, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
De esa manera, Tiburcio indicó que se evitará la impunidad y se salvaguardará a los denunciantes, en un contexto donde el crimen organizado accede a información elemental dentro de estas investigaciones.
11:43
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, sustentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, parte del proyecto de ley para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada. Según dijo, la coyuntura actual, obliga a actuar con determinación y a modernizar las herramientas legales.
“Una de nuestras prioridades es fortalecer las medidas contra el delito de la extorsión. Actualmente, el Código Procesal Penal no reconoce expresamente a la inteligencia criminal como una fase pre procesal legítima”, mencionó el titular del Minjusdh, Walter Martínez.
En ese sentido, Martínez dijo que proponen modificar el Decreto Legislativo 1611 y el Código Procesal Penal para regular la inteligencia criminal como fase pre procesal.
LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte solicitó al Congreso pensión vitalicia y otros beneficios como expresidenta
“La información de agentes especiales e informantes va a adquirir mayor solvencia probatoria y credibilidad. La Policía Nacional y la Fiscalía no dependerán solamente de las denuncias de las víctimas para iniciar investigaciones, sino que podrán hacerlo con la información proveniente del trabajo de inteligencia”, refirió.
En fortalecimiento institucional, proponemos crear la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep) y una Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) para modernizar la gestión penitenciaria y de justicia.
La ola de criminalidad obliga a actuar con determinación y a modernizar las herramientas legales, según el ministro Martínez. Foto: Andina
Revisión y extracción de información
Asimismo, se propone modificar el Código Procesal Penal para autorizar a la Fiscalía y Policía la revisión y extracción inmediata de información de equipos informáticos incautados en flagrancia, sin necesidad de una autorización judicial, para delitos como extorsión, sicariato o secuestro.
“En lucha contra las telecomunicaciones ilegales en penales, queremos sancionar penalmente el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones y ampliar la zona de protección alrededor de penales”, expuso.
Otra propuesta está encaminada a optimizar el control y custodia de armas y a ampliar el delito de tenencia ilegal de armas.
LEA TAMBIÉN: Betssy Chávez y las contradicciones en el Ejecutivo: consecuencias de irrumpir en la Embajada de México
“Hoy enfrentamos un incremento del uso de armas de fuego en hechos delictivos y evidencia de que armas incautadas reaparecen en el mercado ilícito. Buscamos modificar el Código Penal para sancionar la tenencia ilegal compartida de armas, incluso inoperativas, y modificar la ley para evitar que las armas incautadas regresen a mercados ilícitos, supervisando el traslado y reduciendo de 3 a 1 año el plazo para su destrucción”, explicó el ministro Martínez.
Secreto de las comunicaciones
Desde el Ejecutivo se busca agilizar el levantamiento del secreto de comunicaciones para el delito de extorsión, incluyéndolo en el catálogo de emergencias para obtener pruebas más rápido.
“Para fortalecer la atención a casos de extorsión, proponemos crear un subsistema especializado, integrando fiscalías, juzgados, unidades policiales y defensores públicos”, indicó el titular del Minjusdh.
Fraude vehicular
En cuanto al combate del fraude vehicular y delitos patrimoniales, comentó que proponen modificar normas para que aseguradoras cierren la partida registral y retiren placas de vehículos siniestrados, así como exigir peritajes para evitar la circulación de vehículos implicados en delitos.
Respecto a las penas limitativas de derechos, señaló que actualmente hay un bajo nivel de cumplimiento. “Un 70% de la población extramuros no acata sentencias. Proponemos incorporar automáticamente a gobiernos locales y regionales como unidades beneficiarias, reducir jornada semanal de 10 a 8 horas y agilizar la notificación para promover el cumplimiento real de estas medidas”.
PCM cuestiona que sólo reciban sanción administrativa por revelación de información sensible
El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez Miranda, se refirió a la penalización de funcionarios públicos que filtren información judicial o fiscal reservada.
En declaraciones a la prensa, afirmó que la medida busca castigar un acto que frecuentemente solo reciben una sanción administrativa.
“Este delito está establecido exclusivamente para los funcionarios. No opera, por cierto, para la prensa”, añadió.
El funcionario también acotó que la ley el actual gobierno defiende el respeto por la labor periodística y la protección internacional de las fuentes.