La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dio a conocer los acuerdos a los que se llegaron este jueves 9 de octubre en la mesa de trabajo conjunta entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Ministerio Público y los gremios de transportistas de Lima y Callao. La finalidad es poner cese a las extorsiones y asesinatos de las que son víctimas trabajadores del sector transporte.
El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, indicó que, Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), brindó en la mesa de trabajo las estrategias y disposiciones que se están realizando para combatir el crimen organizado.
Además, sostuvo que el Gobierno está trabajando permanentemente en la lucha contra la criminalidad.
“Desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía de Nación y los gremios tenemos un compromiso real, que consiste en unir los máximos esfuerzos para luchar contra la criminalidad. Nos conduele en efecto lo que está pasando en nuestro país. Hay acciones que estamos haciendo directamente desde la Policía Nacional (...) estamos articulando todos los esfuerzos”, expresó el premier.
LEA TAMBIÉN: Se levantó paro de transportistas: los acuerdos que dejó la reunión entre la PCM y los gremios
Los acuerdos adoptados en la mesa de trabajo
- En un plazo no mayor a 15 días se creará una unidad especializada en la Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión.
- En un plazo no mayor a 15 días desde la Mesa Directiva del Congreso de la República se impulsará una iniciativa legislativa para la creación de un grupo interinstitucional especializado para el combate contra la extorsión y el sicariato integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y otras que corresponda.
- El Ejecutivo se compromete a destinar el presupuesto necesario para la implementación de nuevas unidades de flagrancia, del grupo especializadoa la que se refiere el compromiso anterior y fiscalías especializadas de bandas criminales.
- Desde el Congreso de la República se realizarán precisiones inmediatas a la ley de criminalidad sistemática. De este modo, se priorizará el debate de medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana.
- En el plazo de 15 días hábiles el Poder Ejecutivo reglamentará todas las leyes que se encuentren pendientes, que estén relacionadas con la seguridad ciudadana, en especial sobre el sicariato y extorsión, para lo cual se solicitará al Congreso de la República la exoneración del plazo para la prepublicación y la recepción de comentarios, así como para el análisis de calidad regulatorio.
- Desde el Ministerio Público se propondrá una iniciativa legislativa para ampliar el plazo de detención por flagrancia mayor a 72 horas y se considere un plazo de 15 días de detetención en casos de sicariato y extorsión.
- El Poder Ejecutivo se compromete a priorizar precisiones a la ley de criminalidad sistemática y debatir medidas adicionales contra la violencia.
- La próxima mesa de trabajo será en el Legislativo el 16 de octubre a las 8:30 a. m., y la subsiguiente el 9 de noviembre en Palacio de Gobierno. Ambas sesiones servirán para evaluar el avance de lo acordado y considerar nuevas medidas complementarias.
Dirigentes y congresistas cuestionan que no los dejaron pasar
Como se recuerda, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo habían convocado por separado a los gremios de transporte para reuniones programadas el mismo día y a la misma hora. Ambas citas coincidían este jueves 9 por la mañana. Con el anuncio de la PCM, finalmente se unificaron en una mesa de trabajo conjunta que reunirá a representantes de ambos poderes del Estado con los gremios del sector.
LEA TAMBIÉN: MTC: “Paro no fue contra el Gobierno. Fue contra la criminalidad organizada”
No obstante, dirigentes de diversos gremios del transporte denunciaron que fueron excluidos de la reunión convocada por el Ejecutivo en Palacio de Gobierno para abordar la problemática de seguridad ciudadana.
A pesar de haber coordinado su participación en días previos, se les negó el ingreso y solo se permitió el acceso a representantes de empresas de corredores complementarios.
En diálogo con Canal N, Héctor Vargas, coordinador de Transporte Urbano de Lima y Callao, calificó la situación como un acto de exclusión deliberada. Según su testimonio, la lista de participantes habría sido modificada a último momento, priorizando a un grupo reducido de empresarios.
Vargas advirtió que la falta de inclusión pone en riesgo cualquier posibilidad de consenso y adelantó que el sector evalúa convocar un paro nacional en los próximos días si no se instalan mesas de trabajo con participación real.
Ante esta situación, los gremios decidieron trasladarse al Congreso de la República, donde fueron recibidos por el tercer vicepresidente en su despacho.
Los dirigentes señalaron que han presentado propuestas legislativas concretas para enfrentar el sicariato y la extorsión, y esperan que sean evaluadas por las comisiones correspondientes.
Cuestionan participación de Martín Ojeda
Los dirigentes criticaron que se haya priorizado una reunión con actores que, según indicaron, no representan a la totalidad del sector. Cuestionaron en particular la figura de Martín Ojeda, a quien acusan de ser presentado como vocero sin contar con respaldo de las bases que promovieron la paralización del 2 y 6 de octubre.
“La PCM solo ha permitido ingresar a Palacio de Gobierno a las empresas de los corredores; a los de transporte irregular, a ninguno”, sentenció.
El congresista Eduardo Salhuana (APP) informó que tampoco se le permitió ingresar, lo que fue interpretado como una descoordinación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Por su parte, el congresista Edward Málaga denunció que se le negó el ingreso, a pesar de haber sido convocado formalmente.
Añadió que, al llegar a Palacio, se les informó que sus nombres no estaban registrados o que el sistema presentaba fallas.
Málaga cuestionó que los congresistas más críticos del Gobierno fueran precisamente los excluidos de la reunión. Además, advirtió que la convocatoria debió tener un enfoque más amplio, ya que la extorsión no solo afecta al sector transporte, sino también a músicos, comerciantes, colegios y pequeños negocios.
Propuso que se convoque a un gabinete de transición con amplitud política si no se adoptan medidas concretas contra el crimen organizado.
Arana ofreció disculpas a los congresistas que no pudieron participar en la reunión debido a descoordinaciones en la lista de acceso. Exhortó al Parlamento a ejercer su rol de control político con sentido de unidad nacional. “No es momento de dividirnos, sino de luchar juntos contra la criminalidad”, concluyó.
