A pocas semanas del inicio del año escolar en Perú, el aumento de extorsiones en colegios privados genera preocupación entre los padres de familia, ya que pone en riesgo la seguridad de sus hijos. Según Gianina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial (APEI) y representante del colectivo Educar con Libertad, informó a Gestión que 318 colegios en los últimos dos años (julio 2023 - febrero 2025) han cerrado en todo el país debido a las amenazas de grupos criminales. ¿Cuál es el impacto económico de estas pérdidas?
Hace unos días, el centro educativo inicial Héroes del Pacífico en Ventanilla sufrió un atentado con explosivos que causó graves daños en su infraestructura y sembró el miedo entre los vecinos. Lo mismo ocurrió en la puerta del colegio Nuestra Señora de Monserrat, en el distrito de Comas, ambos son blanco de extorsionadores.
En la actualidad, los centros educativos enfrentan extorsiones que los obligan a pagar cupos mensuales que oscilan entre S/ 10,000 y S/ 70,000. Ante la imposibilidad de cubrir estas sumas exorbitantes, muchos se ven forzados a cerrar sus puertas, dejando a miles de estudiantes sin acceso a educación.
Cabe mencionar que según APEI, ciudades como Lima, Callao, Ica, Trujillo, Tacna, Arequipa, están en la mira de estas organizaciones criminales, siendo los colegios de educación inicial los más vulnerables.
Impacto económico
En diálogo con Justo Zaragoza, director del Grupo de Educación para el Futuro, señaló que la problemática crece, ya que al cerrar un centro educativo, las pérdidas pueden oscilar aproximadamente en un millón de soles, porque para equipar estas escuelas se requiere de aparatos electrónicos, tecnológicos, edificaciones, indumentaria escolar, juegos recreativos y otros elementos para brindar una educación de primera.
Además, en caso de que el espacio en donde se brinda el servicio educativo sea alquilado, el dueño de este lugar deja de percibir entre S/ 5 mil a S/ 7 mil.
“Es una cadena de pérdidas, en donde no solo está el empresario, sino que se pone en serio riesgo la integridad educativa de los alumnos, ya que muchos de ellos se quedan sin estudiar”, indicó a Gestión.
Inversión en seguridad
Zaragoza comentó que, en promedio, la inversión que los colegios destinan a las medidas de seguridad para proteger a estudiantes y docentes puede representar entre un 10% a 15% adicional al presupuesto total, el cual abarca instalación de cámaras, personal de vigilancia en tres turnos (mañana, tarde y noche), sistema de seguridad, entre otros.
Cabe mencionar, que este presupuesto adicional sube en el 2024, ya que en el 2023 los montos fluctuaban entre un 5% a 8%.
“Cuando los colegios cierran, muchos de los escolares dejan de estudiar o recurren a opciones educativas que no están autorizadas oficialmente, lo que agrava el problema y pone en riesgo su formación académica”, manifestó.
El especialista señala que el cierre de un colegio no se limita a clausurar sus puertas, ya que el proceso para obtener nuevamente la licencia de funcionamiento puede extenderse por varios meses, lo que prolonga las pérdidas económicas de la institución.
Zaragoza también menciona que los costos relacionados con el alquiler de locales educativos son muy variables, oscilando entre S/ 1,000 y más de S/ 5,000, dependiendo del caso. Esto se da principalmente en los nidos y en instituciones que no cuentan con infraestructura propia.
“De hecho, aproximadamente el 50% de los nidos operan en locales propios, mientras que el resto lo hace en espacios alquilados, lo que representa uno de los mayores costos para estas instituciones”, manifestó.
Maestros también están siendo extorsionados
Hace unos días, Alfredo Velásquez, representante del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) informó que un grupo de maestros están siendo extorsionados y les exigen un pago para garantizar su seguridad.
En conversación con diversos medios de comunicación, denunció que los profesores de algunos distritos de la capital que se encuentran en zonas alejadas, como Ventanilla y el Callao, así como de la región La Libertad, vienen siendo amenazados por bandas que les exigen una cuota de S/ 5 para no atentar contra sus vidas.
Según el último documento presentado por el Sutep al que Gestión tuvo acceso, el gremio exige al Ministerio de Educación garantizar no solo un buen inicio del año escolar, sino también la seguridad de la comunidad educativa de manera permanente. Esto incluye la protección de estudiantes, directivos, docentes, auxiliares de educación, personal administrativo y padres de familia.
“Esta preocupante situación de inseguridad también afecta al sector educativo, donde docentes, auxiliares y estudiantes se convierten en víctimas de la delincuencia”, expresaron en el documento.
Para contribuir a la mejora de la seguridad, el Sutep propone un Plan de Seguridad Integral que contemple las siguientes acciones:
•Fortalecer las juntas vecinales de cada distrito, promoviendo la participación activa de autoridades locales, Policía Nacional, Serenazgo, docentes, administrativos y la iglesia.
•Organizar las Asociaciones de Padres de Familia en cada institución educativa.
•Movilizar a los municipios escolares para una mayor supervisión.
•Reconocer las diversas organizaciones sociales en cada comunidad para coordinar y formar el Comité de Seguridad Integral.
•Asumir una responsabilidad compartida con la comunidad para crear un entorno seguro para todos.
Preocupación por la seguridad desde Aprosec
En diálogo con César Ortiz, director de Aprosec (Asociación Pro Seguridad Ciudadana contra la Criminalidad del Perú), el especialista aseveró que, efectivamente, la situación en el país es grave, y que el número de colegios extorsionados podría crecer un 30% si es que las autoridades no toman cartas en el asunto.
“Nunca antes se vio el temor, el terror en los directores y profesores, que son los más afectados. Y la cifra se queda corta porque la gente no denuncia, principalmente por desconfianza a las autoridades”, explicó.
Para Ortiz, es necesaria una reforma estructural en la Policía Nacional, por ser la primera institución que da la cara frente a este problema. No obstante la tensa relación entre autoridades, como la que atraviesan el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afecta considerablemente a este propósito. “El ministro del Interior ataca a la Fiscal de la Nación de forma pública, descarada. En una situación de crisis como la que vivimos es un absurdo (...) Con el manejo que está llevando actualmente el Gobierno, es imposible pedir una reforma estructural. La Policía está politizada”, indicó.
Con el fin de minimizar riesgos ante la ola delincuencial, el titular de Aprosec brindó una serie de recomendaciones a la comunidad educativa:
Para los padres de familia: conversar con su hijo a los riesgos que está sujeto; organizarse entre varios padres por turnos durante la semana para llevar a sus hijos al colegio, variando rutas y turnos; si opta por una movilidad escolar, consultar con otros padres de familia una movilidad confiable; conversar con los hijos para que tengan una actitud de reserva respecto a información familiar.
Para el centro educativo: establecer una red de comunicación con los alumnos, padres de familia y autoridades de seguridad; contar con un profesional responsable de la seguridad integral del centro educativo; levantar un mapa de situación geográfica del colegio y alrededores; todo visitante que ingrese a un centro educativo debe estar registrado y pasar por un control.
Aprosec brindó recomendación a padres y centros educativos para minimizar riesgos frente a la delincuencia. Foto: Difusión.
Opinión
Killa Miranda, exviceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu).
“La normativa que regula la infraestructura educativa establece características específicas que los colegios deben cumplir, como contar con un patio y disponer de áreas adecuadas para la cantidad de estudiantes. Estas exigencias legales representan un costo ostentoso para las instituciones educativas.
La inversión en infraestructura educativa varía según la cantidad de estudiantes que atiende una institución. Por ejemplo, una escuela con 100, 500 o 1,000 estudiantes puede requerir una inversión que fluctúe entre un millón de soles o más. En caso de que estas instituciones, que operan como empresas privadas, se vean obligadas a cerrar sus puertas, las pérdidas económicas podrían ser significativas.
En el Perú, la responsabilidad del sector educación, no solo se refiere a lo publico, sino inclusive a las IIEE de ámbito privado. Esta situación cobra relevancia cuando las instituciones educativas privadas se ven afectadas por actos delictivos como la extorsión, impactando no solo a sus administradores, sino también a toda la comunidad educativa.
Más allá de ser instituciones privadas dirigidas como empresas, estas escuelas cumplen una función pública esencial: brindan servicios educativos, atienden a niños, niñas y adolescentes, y generan empleo para adultos que dependen de estas instituciones.
Es necesario coordinar esfuerzos con aliados estratégicos y organizaciones del Estado para implementar una atención intersectorial que aborde el tema de seguridad en las escuelas. Además, es importante recuperar acciones como las Brigadas de autoprotección escolar - BAPES, que en su momento desempeñaron un rol crucial en el sistema educativo público, garantizando entornos más seguros para estudiantes y docentes.
Recuperar estrategias intersectoriales como esta permite el involucramiento de diversos actores que asumen responsabilidades desde cada territorio, lideradas por los gobiernos locales, con el apoyo del estado central".
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.
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