Tras conocerse que más de 450 instituciones educativas privadas han recibido amenazas de extorsión, según informó Guido Quintanilla, presidente de Anacopri, el Ministerio del Interior sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Educación (Minedu), la Policía Nacional del Perú (PNP) y directores de las UGEL, para reforzar las estrategias de seguridad y combatir de manera frontal la delincuencia.
La mesa de trabajo se llevó a cabo el 10 de marzo y tuvo como objetivo coordinar la implementación de medidas efectivas en materia de prevención, así como un combate frontal contra la extorsión y asaltos.
En esa línea, como parte de las acciones inmediatas, se acordó potenciar los programas de la Policía Comunitaria, incluyendo la participación activa de las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), la policía escolar y las patrullas juveniles.
La PNP, además, incrementará sus esfuerzos en la recopilación de inteligencia y la realización de operativos para desarticular las mafias de extorsión y asalto que operan en las inmediaciones de los colegios.
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De la misma forma, el Mininter informó que se consolidará la coordinación entre la cartera, Minedu, PNP y las 7 UGEL de Lima para garantizar una respuesta integral y efectiva ante cualquier situación que ponga en riesgo un retorno a clases seguro.
El Mininter señaló que, junto a la PNP, han desplegando estratégicamente un contingente de 3,223 efectivos policiales para brindar resguardo, en los horarios de ingreso y salida, en los más de 3,200 colegios públicos y privados.
Anacopri anuncia suspensión de clases presenciales
Frente al aumento de extorsiones en colegios privados y el inicio del año escolar 2025, la Asociación de Colegios Privados del Perú anunció el lunes la suspensión de las clases presenciales y el paso al servicio en la modalidad virtual, hasta que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad de los alumnos, profesores, directivos y padres de familia, así como las instalaciones de los centros educativos.
Mediante un comunicado, Anacopri, instó a que se convoque con urgencia a los integrantes del Pacto Nacional por la Educación, a un mesa de trabajo donde se discuta la implementación de propuestas, como la creación de una unidad especializada de protección de la comunidad educativa de los colegios privados.
“Solicitamos que en cumplimiento de lo establecido en el Art. 44 de nuestra Constitución Política que establece que es deber del Estado ‘proteger a la población de las amenazas contra su seguridad’, se cree una unidad especializada de protección de la comunidad educativa de los colegios privados, al igual de la que existe para proteger al sector construcción y bancario”, se lee en el pronunciamiento.
“Procederemos a suspender nuestras clases presenciales y continuaremos brindando el servicio educativo en la modalidad virtual, hasta que la autoridad pueda garantizar la seguridad de las instalaciones y la vida y salud de profesores, alumnos, padres, directivos e integrantes de la comunidad educativa”, añadió.
Cada cierre de un colegio por extorsiones genera S/ 1 millón en pérdidas
Según Gianina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial (APEI) y representante del colectivo Educar con Libertad, informó a Gestión que 318 colegios en los últimos dos años (julio 2023 - febrero 2025) han cerrado en todo el país debido a las amenazas de grupos criminales.
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En la actualidad, los centros educativos enfrentan extorsiones que los obligan a pagar cupos mensuales que oscilan entre S/ 10,000 y S/ 70,000. Ante la imposibilidad de cubrir estas sumas exorbitantes, muchos se ven forzados a cerrar sus puertas, dejando a miles de estudiantes sin acceso a educación.
En diálogo con Justo Zaragoza, director del Grupo de Educación para el Futuro, señaló que la problemática crece, ya que al cerrar un centro educativo, las pérdidas pueden oscilar aproximadamente en un millón de soles, porque para equipar estas escuelas se requiere de aparatos electrónicos, tecnológicos, edificaciones, indumentaria escolar, juegos recreativos y otros elementos para brindar una educación de primera.
Además, en caso de que el espacio en donde se brinda el servicio educativo sea alquilado, el dueño de este lugar deja de percibir entre S/ 5 mil a S/ 7 mil.
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