
El Ministerio Público realiza este martes 22 de julio una diligencia en la sede de la Defensoría del Pueblo, en el marco de las indagaciones sobre la designación de Gino Ríos como integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El procedimiento se lleva a cabo tras la revelación de que Ríos cuenta con una sentencia en su contra por violencia familiar, dictada en mayo del 2011.
Según fuentes de El Comercio, se trata de diligencias preliminares a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. El objetivo es recabar documentación relacionada al proceso de selección que permitió la incorporación de Ríos a la JNJ.
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Cabe recordar que la elección de los actuales miembros de la Junta estuvo a cargo de una comisión especial liderada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
De acuerdo con lo revelado por el programa “Cuarto Poder”, el fallo contra Ríos fue emitido por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla, y determinó la existencia de maltrato psicológico en agravio de su entonces excónyuge, de quien se divorció hace 14 años. Según el dominical, Gino Ríos no apeló la resolución judicial y aceptó el fallo. Pese a ello, este antecedente no fue abordado ni cuestionado durante las entrevistas a los postulantes a la JNJ.

A raíz de esta situación, los congresistas Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Susel Paredes (Bloque Democrático) solicitaron formalmente a la Junta Nacional de Justicia que se separe a Ríos de su cargo y se inicie su proceso de vacancia.
Mediante un oficio dirigido a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, recordaron que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la institución establece que están impedidos para ser elegidos miembros los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso o por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes.
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Asimismo, advirtieron que el artículo 18 de la misma norma señala que el miembro de la JNJ vaca por tener resolución judicial firme condenatoria por delito común o por violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar.