
El Gobierno oficializó en la noche del viernes 28 de noviembre el estado de emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, en la provincia de Tacna, tras aprobarse el Decreto Supremo N.º 135-2025-PCM. La medida, adoptada con el voto del Consejo de Ministros, busca contener el incremento de la criminalidad y el ingreso irregular de migrantes por la frontera sur.
Durante la vigencia del régimen excepcional, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales podrán intervenir en operativos bajo las normas de uso de la fuerza vigentes. Se determinan zonas de intervención mediante inteligencia, indicadores y mapas del delito.
Restricciones a derechos constitucionales
El decreto suspende o restringe derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, en los términos previstos por el artículo 137 de la Constitución.
Para eventos masivos —religiosos, culturales o deportivos— se exigirá autorización de las autoridades competentes, mientras que actividades no masivas podrán realizarse sin permiso previo.
Comando operativo y comités de coordinación
Se declara en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tacna y se crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el jefe de la Región Policial Tacna. En las próximas 24 horas deberán instalarse también comités distritales, de inteligencia, de fiscalización y de comunicación estratégica.
Estas instancias coordinarán patrullajes, operativos, intercambio de información, fiscalizaciones y acciones comunicacionales. Parte de la información será considerada reservada, conforme a la Ley de Transparencia, por su carácter operativo y estratégico.
El Gobierno Regional y las municipalidades deberán poner a disposición del CCO infraestructura, equipamiento y logística para apoyar las intervenciones. Además, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital implementará una plataforma de datos unificada para registrar el ingreso irregular de migrantes, operativos y estadísticas delictivas.

Control fronterizo y acciones de seguridad
El decreto dispone una serie de medidas reforzadas en la zona limítrofe, entre ellas:
- Patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza de Perú con Chile.
- Intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados.
- Operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad.
- Monitoreo aéreo con drones en las zonas donde se ubica la línea fronteriza y pasos no habilitados.
- Otras acciones de inteligencia.
Migraciones participará en la verificación y eventual expulsión de extranjeros, aplicando procedimientos administrativos sancionadores, incluidos los de carácter especial y acelerado.
Fiscalización y lucha contra mercados ilegales
El Comité de Fiscalización, que reúne a OSIPTEL, SUNAT, Migraciones, SUTRAN, SENASA, Poder Judicial, Ministerio Público y gobiernos locales, ejecutará operativos diarios para combatir actividades ilícitas como trata de personas, narcotráfico, comercio de armas y transporte informal.
La PNP deberá informar a OSIPTEL cuando se incauten chips y celulares para que estos sean bloqueados, y también reportar números vinculados a denuncias de extorsión y sicariato.
Respuesta rápida del sistema de justicia
El Ministerio Público y el Poder Judicial adoptarán medidas administrativas y presupuestales para reforzar su capacidad de respuesta en la zona. Se implementarán garantías especiales para fiscales y jueces expuestos a riesgos, así como una campaña para ampliar el uso de la plataforma de denuncias en línea.
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Como se sabe, la tensión en la frontera entre Perú y Chile escaló durante la mañana del viernes 28 de noviembre, luego de que cerca de un centenar de migrantes ilegales bloquearan la vía binacional en protesta por la negativa de Migraciones Perú de permitir su ingreso debido a que no cumplen los requisitos legales.
El incidente ocurre en medio de un nuevo llamado del candidato chileno José Antonio Kast para que su país expulse a los extranjeros en situación irregular.
La crisis llevó al presidente del Perú, José Jerí, a convocar de manera inmediata a un Consejo de Ministros para evaluar la declaratoria de estado de emergencia en la frontera de Tacna y Tarata.








