El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que tiene como finalidad formalizar el cierre de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y crear la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (APEMED).
El cambio se da tras la muerte de siete personas a quienes se les proporcionó un suero fisiológico defectuoso elaborado por Medifarma. No obstante, según la versión del gobierno, más bien responde a una planificación rigurosa que respeta criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OCDE.
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Este proyecto de ley tiene como finalidad garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, a efectos de asegurar su acceso oportuno, racional y con criterio por parte de la población, en busca de una mejora en la salud pública.
Proyecto de ley para la creación de Apemed.
Se espera fortalecer la articulación sectorial, intersectorial e intergubernamental de las entidades públicas y privadas, y de la población, para el cumplimiento de las políticas y normas en su ámbito de competencia, señala esta iniciativa enviada al Congreso.
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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había adelantado el envío de este proyecto de ley frente a los medios de comunicación.
“Enviamos al Congreso un proyecto de ley que aprueba la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios”, sostuvo.
Según el premier, la nueva autoridad farmacéutica será el nuevo frente “técnico y especializado que reemplace a Digemid”.
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Ricardo Peña, viceministro de Salud, indicó que indicó que la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemed) ya no dependerá del Ministerio de Salud porque será un “ente autónomo” en materia administrativa, financiera, técnica y funcional.
Además, se encargará no solo de “custodiar” los medicamentos y productos sanitarios, sino que también tendrá la capacidad de sancionar de manera coactiva a las empresas infractoras.
“No solo es un cambio de nombre. Habrá más pesquisas, más control de medicamentos, más incautaciones de medicamentos bambas. Se fortalecerán las capacidades porque antes no había la capacidad de multar. Ahora se exigirá el pago al infractor. Será mucho más fuerte”, explicó.
