El Ministerio del Interior aprobó el Decreto Supremo N.º 018-2025-IN, que establece los lineamientos para la baja o suspensión temporal de servicios móviles y el bloqueo de equipos que hayan sido utilizados o vinculados en la comisión de delitos.
El decreto define las reglas, directrices y procedimientos que deben seguir las entidades competentes para solicitar la baja del servicio móvil o el bloqueo de equipos con IMEI asociados a actividades delictivas.
El propósito es asegurar una actuación rápida, coordinada y verificable entre las instituciones del sistema de justicia y el sector telecomunicaciones.
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Alcances
Los lineamientos son de aplicación obligatoria para el Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Poder Judicial, el Ministerio Público y el OSIPTEL, que supervisará la ejecución de las medidas.
Procedimiento para la baja o bloqueo
El decreto establece un proceso con plazos breves que busca una intervención eficaz:
- Designación de funcionarios: En un plazo máximo de dos días hábiles, las entidades autorizadas informan al Osiptel quiénes serán los funcionarios responsables de enviar los reportes de solicitud de baja o bloqueo.
- Envío de reportes: Las solicitudes deben remitirse mediante el sistema de información del Osiptel, indicando al menos la entidad solicitante y el delito vinculado.
- Ejecución de la medida: Tras recibir el reporte, el Osiptel tiene un día calendario para requerir a la empresa operadora la ejecución de la baja o bloqueo, medida que debe cumplirse en un máximo de un día calendario adicional.
- Comunicación de resultados: El Osiptel informa a la entidad solicitante sobre la ejecución de la medida y mantiene un registro oficial de todas las solicitudes emitidas y atendidas.
Atención a usuarios
Como parte del procedimiento, las entidades del sistema de justicia deben habilitar canales de atención para que los abonados puedan presentar objeciones debidamente justificadas ante una baja o bloqueo.
Además, la PNP establecerá un canal formal con OSIPTEL para verificar la autenticidad de denuncias o constataciones policiales presentadas por usuarios que soliciten el bloqueo de su equipo o la suspensión del servicio.
Solo las denuncias verificadas permitirán que la empresa operadora ejecute la medida; de lo contrario, la solicitud será rechazada.
Finalmente, el decreto permite que las entidades involucradas emitan protocolos, guías o instructivos para implementar estos lineamientos sin afectar los derechos establecidos en normas de mayor rango.
