El ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, adelantó que el Gobierno elaborará un plan para reducir el hacinamiento carcelario, por lo que plantean la liberación de aproximadamente 6,000 reos.
Walter Martínez, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh detalló que unos 2,200 recluidos por no pagar la pensión alimenticia y 4,000 por hurto simple recibirán asistencia legal gratuita del Estado en el plan ‘Libertad 2025′.
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Estos presos “ya habrían cumplido con los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios”, según Martínez.
“Estas personas ya deberían estar en libertad porque han cumplido con los requisitos y pasado por las evaluaciones dentro del INPE y han cumplido con la resocialización. Ya estarían resocializadas y a estar personas se orienta nuestra campaña”, comentó a Canal N.
Martínez señaló que este beneficio penitenciario no alcanza a los encarcelados por delitos graves (sicariato, extorsión, etc). “Afrontamos una gran carga de población penitenciaria de más de 100,000 internos”, apuntó.
Presos por pensión alimenticia pueden ser recluidos hasta por tres años, al igual que en hurto simple. Foto: INPE
¿Qué criterios deberán cumplir los presos para ser liberados?
Gutiérrez sostuvo que los beneficios “no son inmediatos” y no se brindará “automáticamente”. “Deberán trabajar, estudiar y pasar por evaluaciones técnicas (...) el INPE determinará si esa persona está resocializada. De lo contrario, no podrá salir”, acotó el representante del Ministerio de Justicia.
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El abogado penalista, Andy Carrión, comentó a Gestión que dicha propuesta “es un tema complejo por consideraciones de orden social y económico”. Si bien reconoce el problema del hacinamiento en cárceles, es crucial que los filtros aborden “caso por caso”.
“Habría que ver si tienen predisposición a cumplir con el pago (en caso de pensión de alimentos) o que demuestren un trabajo para no afectar a los niños”, relató. Respecto al hurto simple recomienda “evaluar la reincidencia, porque se corre un riesgo superlativo”.
Carrión resaltó que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú - INPE tiene que garantizar la elaboración de buenos informes sociológicos y psicológicos, los cuales deben ser evaluados por un juez.
