El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el gobierno peruano ha decidido “demorar” su respuesta sobre el salvoconducto a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima.
“Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención (Convención de Caracas de 1954) se adecua a la realidad de hoy”, manifestó en entrevista con la cadena CNN.
Añadió que espera una “buena receptividad” de los países miembros para proponer ajustes a la convención y abordar el caso de manera urgente, con planes de trasladar la propuesta a Washington a inicios de diciembre.
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“Yo ya inicié las consultas, como le dije, he tenido varias reuniones ahora, probablemente como máximo, diría yo, a comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente y pediríamos que se trate con la urgencia que el caso requiere”, señaló el ministro.
Cancillería realizará consultas en la OEA
Hace unas semanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno peruano presentará ante los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, con el fin de evitar su desnaturalización y garantizar que el asilo diplomático no sea utilizado para eludir la justicia.
Cancillería retrasa resolución sobre salvoconducto de Betssy Chávez para revisar su aplicación legal y regional.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión fue adoptada por disposición del presidente de la República, luego del análisis jurídico y político realizado en torno a la solicitud de salvoconducto presentada por México para la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada mexicana en Lima.
La Cancillería precisó que, desde la adopción de dicha convención en el marco de la OEA, se ha observado una “evolución negativa” en su aplicación práctica, al constatarse un uso indebido del derecho de asilo, calificando como persecución política lo que en realidad son procesos por delitos comunes.
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“El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros de persecuciones políticas. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales”, señaló mediante un documento.
“El derecho de asilo se ha desvirtuado (...) Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”, añadió.
