
La excongresista y militante de Fuerza Popular, Karla Schaefer, afirmó que “lamentablemente hay una presencia, especialmente en esta última elección”, en referencia a la influencia de la minería ilegal dentro del sistema político peruano y el debate legislativo sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Schaefer sostuvo que la inacción frente al avance de esta actividad no proviene solo del Congreso, sino también del Ejecutivo. Según dijo, desde que se creó el Reinfo hace una década, no ha existido una decisión política clara para filtrar y determinar “quién es quién” en el sector.
“Nunca he sentido, al menos cuando yo he sido congresista hasta el 2019, esa decisión por parte del Ejecutivo. Ni del Congreso”, afirmó en en Cuentas Claras de Canal N.
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La exparlamentaria advirtió que el oro se ha convertido hoy en el gran negocio ilegal. “Ahora no es plata como cancha, es como recancha”, dijo, aludiendo al precio internacional del metal y su vínculo con organizaciones criminales.
Consultada sobre si la minería ilegal influye en partidos políticos, respondió que “por supuesto, yo al menos siento eso. Lamentablemente hay una presencia, especialmente en esta última elección, cuando nuevamente teníamos la ampliación del Reinfo”. No obstante, manifestó que en Fuerza Popular “no existe” la presencia de mineros ilegales, aunque reconoció que no puede “meter las manos al fuego por nadie”.

Schaefer también señaló que el Congreso, al ampliar plazos, solo reconoce una realidad que no puede resolver. “Existe una minería informal que debería formalizarse, pero cuando tú amplías el plazo, seamos realistas... el Congreso no puede ir a formalizar”, indicó. A su juicio, la responsabilidad recae en otro poder del Estado: “Quien tiene la llave para arrancar el carro, no lo está haciendo”.
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Sobre inhabilitación a Delia Espinoza
Sobre la inhabilitación por diez años contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, Schaefer sostuvo que el Congreso actuó dentro de un “foro político”, y criticó que Espinoza haya “politizado el Ministerio Público”. Rechazó que la sanción sea una venganza, aunque afirmó que la exfuncionaria podrá apelar.
La exparlamentaria insistió en que la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal requiere decisiones urgentes y coordinadas. “El Ministerio Público tiene que tener un objetivo, luchar contra el delito, de donde venga”, puntualizó.








