El Ministerio Público inició una investigación preliminar por un plazo de 60 días contra el alcalde provincial de Nasca, William Jorge Bravo Quispe, por su presunta responsabilidad en un atentado contra el patrimonio cultural representado por las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La investigación también alcanza a dos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica: Jeanette Gutiérrez Achulla, titular de dicha oficina, y Johny Isla Cuadrado, encargado del Sistema de Gestión Nasca-Palpa.
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A los tres se les atribuyen presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de funciones y abuso de autoridad, en perjuicio del Estado peruano.
La investigación se origina a raíz de una resolución viceministerial publicada el 28 de mayo, que dispuso la reducción del área de reserva arqueológica. Esta decisión fue revertida días después.
De acuerdo con la investigación del fiscal José Meléndez Curasi, una resolución viceministerial redujo el área protegida de 5,633.47 km² a 3,235 km², dejando sin protección más de 2,000 km² donde existen más de 100 sitios arqueológicos.
Según la tesis fiscal, esta modificación no habría seguido el procedimiento legal correspondiente y habría beneficiado intereses mineros y al tráfico de terrenos. La etapa preliminar de la investigación tiene un plazo inicial de 60 días.
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En paralelo, la Fiscalía Superior Penal Gestora de Santiago de Surco - Barranco también indaga la posible implicación de otros funcionarios del Ministerio de Cultura, incluido el ministro Fabricio Valencia Gibaja. Además, por la presunta comisión del delito de cohecho activo propio, el caso ha sido derivado a la Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Ica.
