El próximo 6 de noviembre, más de 1,800 mercados de Lima Metropolitana y el Callao acatarán un paro como medida de protesta frente a las sanciones impuestas por Sedapal en relación con el tratamiento de aguas servidas.
Los comerciantes denuncian la aplicación de multas que oscilan entre los S/10,000 y S/30,000, sanciones que consideran desproporcionadas e injustificadas para su rubro.
La movilización ha sido convocada por dirigentes de los mercados, quienes aseguran que la normativa vigente, Decreto Supremo 010-2019, los equipara a empresas industriales, sin considerar el tipo de actividad económica que realizan ni el nivel real de impacto que generan sobre el sistema de alcantarillado, informó Canal N.
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Carlos Aguilar, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercios del Perú, sostuvo que el Decreto Supremo en cuestión establece criterios de sanción que no diferencian entre mercados minoristas y grandes industrias que utilizan insumos químicos.
Según Aguilar, este criterio ha originado un proceso de fiscalización que pone en riesgo la sostenibilidad económica de miles de comerciantes, quienes no estarían en capacidad de asumir los montos de las sanciones.
Los organizadores del paro anunciaron que, además del cierre de los mercados, se realizará una movilización hacia el Congreso de la República y el Ministerio de Vivienda. Foto: GEC.
Marcha al Congreso y Ministerio de Vivienda
Los organizadores del paro anunciaron que, además del cierre de los mercados, se realizará una movilización hacia el Congreso de la República y el Ministerio de Vivienda. El objetivo es exigir la derogatoria del Decreto Supremo o su modificación mediante una mesa técnica de diálogo.
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Advirtieron que, de no obtener una respuesta satisfactoria, la protesta podría ampliarse a otras regiones del país, con la participación de gremios de comerciantes en provincias.
Hasta el momento, ni Sedapal ni el Ministerio de Vivienda se han pronunciado públicamente sobre el reclamo de los comerciantes ni sobre la posibilidad de revisar la normativa vigente. La tensión se mantiene mientras se acerca la fecha anunciada para la paralización.
