El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, entre el 1 de abril del 2024 y el 15 de julio del 2025, separó a un total de 1,097 personas que trabajan en el sector y que registraban condenas o procesos judiciales por violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio, parricidio, entre otros delitos. En total se retiró de sus cargos a 944 docentes y 153 administrativos.
A través de un comunicado publicado el último sábado, la institución que lidera Morgan Quero precisó que dicho personal laboraba en 961 colegios públicos y 136 instituciones educativas privadas.
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De este grupo de personas separadas, 931 (807 docentes y 124 administrativos) tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual, mientras que 82 (69 docentes y 13 administrativos) tienen condenas o procesos por terrorismo y apología del terrorismo.
En tanto, 22 personas (18 docentes y 4 administrativos) están inmersos en condenas o procesos por tráfico ilícito de drogas y 20 (14 docentes y 6 administrativos) por homicidio doloso.
Asimismo, 12 docentes cuentan con condenas o procesos por hacer proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, así como 2 docentes están siendo procesados por feminicidio y un trabajador administrativo ha sido separado definitivamente por tener sentencia condenatoria por parricidio.
Cabe precisar que de este grupo, 169 docentes y administrativos con sentencia condenatoria fueron separados de manera definitiva, mientras que 928 con proceso judicial fueron separados preventivamente.
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MÁS DE 2,472 DOCENTES BLOQUEADOS CON INVESTIGACIONES O FALTAS GRAVES
El Minedu también anunció que ha bloqueado en el sistema de administración de plazas del sector a 2,472 docentes con investigación abierta por delitos o faltas muy graves, a fin de evitar que sean contratados por alguna institución educativa a nivel nacional. De ellos, 470 corresponden a la UGEL Condorcanqui.
“El Ministerio de Educación tiene como objetivo hacer de las escuelas lugares seguros. Trabajamos de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a todas las personas que representen un riesgo para los estudiantes”, indicó Quero.
La separación de estas personas de las instituciones educativas se realiza en el marco de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, entre otros.
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