El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N. 1688, que busca frenar las comunicaciones ilegales desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.
El reglamento establece un conjunto de obligaciones técnicas y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, con el fin de prevenir y controlar el uso indebido de estos servicios por parte de personas privadas de libertad.
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Las disposiciones
El Decreto Supremo N° 008-2025-MTC, publicado en el Diario El Peruano, dispone que las operadoras deberán restringir la emisión de señales radioeléctricas en las zonas donde se ubican los centros de reclusión, sin afectar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de la ciudadanía que reside en zonas aledañas.
Para ello, se priorizará la coordinación entre las operadoras y las entidades que gestionan los sistemas de restricción de señales, a fin de definir los parámetros técnicos que ambas partes deben cumplir. En caso de desacuerdo, se aplicarán los criterios establecidos en el Protocolo Técnico correspondiente.
Asimismo, las operadoras deberán implementar mecanismos de monitoreo permanente de sus redes, así como el uso de herramientas de geolocalización o crowdsourcing, que permitan identificar accesos o intentos de conexión desde el interior de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
El reglamento también contempla medidas como el corte del servicio público de telecomunicaciones y/o el bloqueo de los equipos terminales móviles o inalámbricos fijos utilizados de forma indebida. Los criterios técnicos para aplicar estas medidas serán definidos por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
La supervisión del cumplimiento del reglamento y la aplicación de las sanciones correspondientes a las operadoras estará a cargo del MTC y de Osiptel. Además, se han tipificado nuevas infracciones específicas para el inicio de procedimientos sancionadores.
Con esta normativa, el Gobierno busca reducir delitos graves como la extorsión, el sicariato, el secuestro y el fraude, muchos de los cuales son organizados desde centros de reclusión mediante el uso ilegal de redes móviles.
El reglamento es resultado de un proceso participativo y articulado, liderado por el MTC a través de una Mesa Técnica conformada por actores del sector público y privado. Este espacio no solo permitió reglamentar el marco legal vigente, sino también fortalecer la cooperación interinstitucional para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.
