Si bien las mujeres representan una parte creciente de la fuerza laboral, aún persisten desafíos vinculados a este ámbito que limitan su acceso a una pensión adecuada. (Foto: Archivo El Comercio)
Si bien las mujeres representan una parte creciente de la fuerza laboral, aún persisten desafíos vinculados a este ámbito que limitan su acceso a una pensión adecuada. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción Gestión

En el contexto del , resulta pertinente poner sobre la mesa las que enfrentan las en el mercado laboral peruano, las cuales repercuten directamente en su seguridad económica durante la .

La combinación de brechas salariales, alta informalidad y una menor participación en empleos formales explica en gran parte por qué tantas mujeres llegan a la jubilación sin una pensión adecuada.

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Michelle Salcedo, vicepresidenta de Talento Humano y Asuntos Corporativos de AFP Integra, explica que, si bien cada vez más mujeres forman parte de la fuerza laboral, muchas enfrentan interrupciones en su carrera debido a tareas de cuidado, sobre todo tras convertirse en madres. Esto, junto con la carga desigual de labores domésticas, limita su capacidad de ahorro para la jubilación.

Según cifras del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), la brecha salarial por motivos de género en Perú alcanza el 19%. Además, el 73% de las mujeres que trabajan en el sector formal gana menos de S/ 2,000 mensuales, mientras que los hombres superan, en promedio, los S/2,500.

Estas disparidades impactan directamente en la autonomía económica de las mujeres y en su posibilidad de acceder a una pensión digna.

En Perú, solo el 21% de las mujeres accede a una pensión al momento de jubilarse y el monto que reciben puede ser hasta un 29% menor al de los hombres. En AFP Integra somos conscientes de las distintas brechas que hoy tiene el sistema previsional, por eso estamos comprometidos con la construcción de un mucho más sostenible, ofrezca mejores pensiones y llegue a más personas”, señala Salcedo.

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En esa línea, AFP Integra hace un llamado a articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y el sistema financiero para avanzar hacia un modelo previsional más equitativo.

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