La Defensoría del Pueblo dio a conocer los resultados de la supervisión que dirigió a 2,616 comedores populares y 991 ollas comunes de todo el país, en los que se brinda atención a más de 200 mil usuarios.
El informe recoge información en dos importantes aspectos vinculados a la seguridad alimentaria en nuestro país. En lo que concierne a las ollas comunes supervisadas, se pudo conocer que estas atienden a 65,284 usuarios. Pese a ello, el 72.5% reveló que no recibió apoyo de los municipios para mejorar su equipamiento y, en el 95.4% de los casos supervisados, los gobiernos locales tampoco implementaron acciones para mejorar la infraestructura de estas organizaciones comunitarias.
Otro dato importante que se revela en el informe es que el 71,1% de la población beneficiaria en las ollas comunes supervisadas está compuesta por personas adultas mayores y que más del 28%, por personas entre 0 y 17 años. Asimismo, que para afrontar el costo diario de las raciones, dos de cada diez ollas supervisadas debe aportar sumas de hasta 150 soles adicionales.
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Comedores populares
De otro lado, en lo referido a los comedores populares supervisados que forman parte del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), el informe revela que estos brindan atención a 140,350 personas, de las cuales más del 69% son mujeres. En cuanto a la distribución de la población beneficiaria en condiciones de vulnerabilidad, se observa que el mayor grupo está conformado por personas entre 0 y 17 años, con más del 25%; mientras que los adultos mayores conforman el 14.5% de los beneficiarios.
Además, mostrando cifras muy similares a las de las ollas comunes, en el caso de los comedores populares supervisados el 70.6% indicó que las municipalidades no implementaron acciones para mejorar su equipamiento y el 94.4% precisó que los gobiernos locales tampoco implementaron acciones para mejorar su infraestructura.
Como parte del informe, se vinculan estas cifras con el impacto que la falta de acceso a una alimentación de calidad podría tener en factores claves para determinar la condición de pobreza o pobreza extrema como la prevalencia de la anemia y el acceso a servicios básicos.
En ese sentido, se da cuenta de algunas cifras reportadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), según las cuales los departamentos que registraron mayores incrementos de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad entre 2023-2024 fueron Puno (76%), Loreto (62%), Apurímac (58.7%), Madre de Dios (56.3%) y Huancavelica (55.1%).
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En lo que concierne a prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años de edad, de acuerdo a los resultados al 2024 Huancavelica ocupó el primer lugar con un 24%; mientras que, al 2024, el 72.7 % de los hogares peruanos todavía consumía agua fuera de redes seguras, sin continuidad diaria o con deficiencias en cloración.
Recomendaciones al Midis
Por ello, el informe concluye con importantes recomendaciones al Midis, principalmente en lo referido a la necesidad de elaborar un registro nacional de beneficiarios por condición de vulnerabilidad; así como de implementar un plan de capacitación estandarizada para los comités de gestión.
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Defensoría del Pueblo: urge fiscalizar uso de recursos dirigidos a mejorar condiciones de ollas comunes y comedores populares. Foto: Defensoría
Otras recomendaciones importantes van dirigidas a los gobiernos locales, a los que se pide garantizar el transporte y entrega directa de alimentos a los puntos de atención y brindar acompañamiento técnico regular a las ollas comunes y comedores populares.
Finalmente, se exhorta a la Contraloría General de la República a realizar auditorías constantes a la gestión de los alimentos en los gobiernos locales y fiscalizar el uso de los recursos públicos destinados a mejoras en las ollas comunes y comedores populares de todo el país.
