Las empresas operadoras de telecomunicaciones estarán obligadas a entregar, a través de herramientas informáticas, la información completa sobre los procesos de contratación de servicios móviles al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), anunció la entidad.
Osiptel señaló que la Ley N° 32451 tiene como finalidad combatir el uso indebido de líneas móviles y la comercialización fraudulenta de servicios de telecomunicaciones. Asimismo, faculta al regulador a proporcionar esa información a instituciones como el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú (PNP) cada vez que sea requerida.
Sostuvo también que la norma modifica la Ley de Delitos Informáticos (Ley N° 30096) y el Código Penal, estableciendo sanciones diferenciadas para quienes activen de manera ilegal una SIM card o línea móvil sin consentimiento del titular o con datos falsos, así como para quienes provean, vendan, faciliten o posean SIM cards activadas de forma ilícita.
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En el caso de la venta ambulatoria de servicios móviles sin autorización, la ley fija penas de uno a cuatro años de prisión, además de multas.
La disposición modifica, además, la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Osiptel, reforzando la responsabilidad de las operadoras en todo el proceso de comercialización y contratación de servicios móviles.
Con estas medidas, señaló que el Gobierno busca cerrar brechas que permitían la circulación de chips móviles sin trazabilidad y responsabilizar penalmente tanto a quienes ofrecen estos servicios ilegales como a quienes los adquieren, en beneficio de la seguridad ciudadana.
De acuerdo con la norma, el Poder Ejecutivo —a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)— tendrá un plazo de 60 días calendario para emitir las disposiciones adicionales necesarias para la implementación de la ley.
