La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, anunció que su institución evalúa presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 32330, que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años, o eventualmente adherirse a la ya interpuesta por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.
“Preocupados por esta situación, los jueces y juezas estamos analizando plantear la demanda pues, dicho sea de paso, el Defensor del Pueblo ya lo hizo, a la cual podríamos sumarnos, así como también a otros mecanismos procesales”, indicó.
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Estas declaraciones fueron ofrecidas tras una reunión sostenida con la representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el Perú, Laura Salamanca Díaz.
Durante el encuentro, Tello Gilardi reiteró que si una norma desatiende la doctrina de la protección integral de las y los adolescentes y su interés superior, esta colisiona con la Constitución, con el Código del Niño y el Adolescentes, así como con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, destacó que el nivel de reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley penal es bajo y que solo el 2% de ellos está vinculado a hechos delictivos.
En la cita con Tello Gilardi, también participaron de esta reunión la oficial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Beatriz Gamarra Chavarry; junto a representantes de los equipos técnicos del PJ. Foto: Poder Judicial.
“Nuestro país tiene un sistema penal juvenil que ha dado resultados positivos dado que el nivel de reincidencia de los adolescentes involucrados con hechos antisociales es mínimo y el total de los involucrados en hechos delictuosos no llega al 2%”, sostuvo.
La magistrada consideró que la nueva ley contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige un enfoque rehabilitador y respetuoso de la dignidad de los menores.
“El Perú estaría colocándose al margen, no solamente, de sus obligaciones internacionales sino de la propia Constitución”, reiteró la magistrada, tal como lo había señalado en su momento mediante un pronunciamiento institucional.
Aliado estratégico
Tello también cuestionó la viabilidad de la norma, al advertir que no existen condiciones adecuadas en los penales para separar a los adolescentes de los adultos.
Por su parte, la representante adjunta de Unicef, expresó su coincidencia con el Poder Judicial sobre la nueva ley, al considerarla atentatoria contra la protección y convención integral de los derechos del niño, así como de la misma Constitución del Perú.
“Para nosotros el Poder Judicial es un aliado estratégico porque además tiene la competencia más importante, que es administrar el sistema de justicia penal juvenil, y, como bien ha dicho la presidenta, ha dado resultados efectivos en los últimos años”, manifestó.
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Asimismo, reveló que la Fiscalía de la Nación también está considerando sumarse a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo.
Como se recuerda, el Poder Judicial señaló que esta ley introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección.
