El congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza Para el Progreso) presentó el proyecto de ley N° 11037/2024-CR, que busca restringir la compra y alquiler de motocicletas únicamente a personas sin antecedentes penales ni policiales. En el caso de ciudadanos extranjeros, la propuesta exige, además, que cuenten con la calidad migratoria adecuada.
La iniciativa también plantea la creación de un registro obligatorio de venta y alquiler de estos vehículos menores, con el objetivo de fortalecer el control sobre su circulación y, según su exposición de motivos, contribuir a la reducción de delitos cometidos a bordo de motocicletas.
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¿Qué plantea exactamente la propuesta?
El proyecto de ley tiene como objeto fortalecer la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados.
De ser aprobada, cualquier persona que desee adquirir o arrendar una motocicleta deberá presentar un certificado de antecedentes penales y policiales sin registros negativos. Asimismo, licencia de conducir y copia del Documento Nacional de Identidad (DNI); en el caso de extranjeros, se requerirá la validación de su situación migratoria como requisito previo para la compra.
Los requisitos que plantea la iniciativa legislativa de Juan Carlos Lizarzaburu, para la compra y alquiler de vehículos motorizados. Foto: Congreso.
Otro punto del Proyecto de Ley N° 11037 determinaría la responsabilidad administrativa para aquellas personas naturales o jurídicas que realicen transferencias, alquileres, préstamos, donaciones o permutas de estos vehículos sin acreditar el cumplimiento de los cinco requisitos ya mencionados.
El proyecto también establece la obligación de implementar un sistema de registro específico para las transacciones de venta y alquiler de motos, independiente del actual sistema registral vehicular administrado por Sunarp.
¿Solución viable o una medida que vulnera derechos?
El abogado laboralista Juan Valera, consultado por Gestión, considera que el proyecto parte de una premisa equivocada. “Entiendo que la motivación es evitar que personas con antecedentes accedan a estos vehículos, porque las estadísticas indican que muchos delitos se cometen en motos. Pero eso no justifica restringir un derecho constitucional como el de adquirir bienes”, señaló.
Valera advierte que esta medida afectaría incluso a quienes ya han cumplido su condena. “Una persona con antecedentes, que ya pagó su deuda con la sociedad, no debería estar impedida de ejercer plenamente sus derechos. Esto genera una discriminación adicional”, remarcó.
Además, cuestiona la validez del criterio migratorio, pues se presume que un extranjero sin calidad migratoria va a delinquir, cuando ya existe un control a través del permiso de firma de contratos. “No tendría sentido limitar la compra de una moto si esa misma persona puede adquirir un auto”, sostuvo.
Sobre el registro obligatorio de alquileres y ventas, el abogado también muestra reparos al indicar que Sunarp ya lleva un registro de propiedad vehicular. Señala que la iniciativa generaría más burocracia, incluso exigiendo registrar contratos de alquiler, algo que ni siquiera se exige con los inmuebles.
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Valera criticó la estigmatización implícita en la norma. “El proyecto transmite la idea de que los delitos se cometen principalmente con motocicletas, lo cual no es del todo cierto. Hay muchos delitos cometidos en camionetas, autos de alta gama o taxis, pero no por eso se prohíbe su compra”.
Iniciativa no aborda el problema de fondo, advierte César Ortiz
Desde el enfoque de seguridad, César Ortiz, analista de seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), también cuestiona la eficacia real de la propuesta legislativa. “No va a contribuir a reducir la delincuencia”, advierte, aunque reconoce que “todo suma”, siempre que se trate de políticas bien diseñadas, con control, planificación y estrategias claras.
Investigadores de la Cesed, de la Universidad de los Andes, concluyeron que medidas de restricción a motocicletas en más de 25 ciudades colombianas, no lograron reducir significativamente los delitos. Foto: Andina.
Ortiz recalca que el país atraviesa uno de los momentos más críticos en términos de inseguridad ciudadana en décadas. A su juicio, medidas como esta no abordan el problema de fondo: la falta de una política integral y articulada. “Estamos mal en todo. Nada funciona bien. No hay una visión holística ni una decisión política real para enfrentar el problema”, sostuvo.
Más allá de proyectos legales puntuales, Ortiz considera urgente fomentar una “cultura preventiva como norma de vida”, frente a una delincuencia cada vez más organizada y un aparato estatal que, en su opinión, responde con debilidad.
“La ciudadanía todavía no toma conciencia, debe cambiar su actitud. La realidad es que estamos en una ciudad realmente peligrosa”, remarca.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
