La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, subrayó la importancia de crear unidades de flagrancia especializadas para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato.
La magistrada recordó que existen planteamientos para que el periodo de la flagrancia sea de 72 horas, que la detención preliminar se extienda a 15 días, y contar con una unidad de flagrancia especializada en extorsión y sicariato con un cuerpo de élite especializado, por lo menos, a nivel supraprovincial.
“Este era uno de los acuerdos que le estábamos dando forma para plantearlo ahora, pero, sobre todo, contar con los recursos para los laboratorios criminalísticos de la Policía Nacional porque, de lo contrario, no podemos hacer nada”, señaló.
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La titular del Poder Judicial expresó que para esto se requiere una norma que permita la exoneración para la compra de los insumos que se necesitan para el funcionamiento de los mismos.
Tello Gilardi informó que en las unidades de flagrancia del país sí se han juzgado casos de extorsión, los cuales han sido sancionados con las penas correspondientes.
Agregó que, en general, son más de 26,000 casos ingresados, de los cuales el 90% están resueltos, y dentro de estos hay casos de extorsión y de robo agravado que han sido sentenciados, incluso a más de 20 años.
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Falta de presupuesto para luchar contra inseguridad ciudadana
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su preocupación por la falta de un presupuesto adecuado para la Policía, Fiscalía, Defensa Pública y Poder Judicial en las unidades de flagrancia delictiva, pues constituyen uno de los mecanismos eficaces para luchar contra la inseguridad ciudadana.
“Si no hemos podido avanzar o dar otros pasos es porque también el tema presupuestal es una barrera, habíamos trasladado esta preocupación al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aquí lo volvemos a señalar”, remarcó.
La autoridad señaló que el Poder Judicial está atento para responder ante la creciente criminalidad que afecta a la ciudadanía, sin embargo, sostuvo, que es el último en el eslabón de la cadena presupuestal.
Así lo expresó durante la IV Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana realizada en el Congreso de la República con participación de representantes del Legislativo y Ejecutivo, así como representantes de los gremios de transporte.
Esta jornada mesa de trabajo fue presidida por el titular del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, y asistieron también el fiscal de la nación (i), Tomás Gálvez Villegas; el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, entre otras autoridades.
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Sala Plena de la Corte Suprema se pronuncia
En otro momento la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, invocó a preservar los principios de separación de poderes y la colaboración entre estos, así como el respeto a la legalidad y el pluralismo político y social.
“No debemos renunciar a principios pétreos de una democracia, tales como la separación y colaboración entre los poderes públicos, el respeto de la legalidad y el pluralismo político y social”, señaló en un pronunciamiento.
Esta instancia judicial sostuvo, además, que la tutela de la seguridad ciudadana demanda no solo un fuerte compromiso del Estado con la sociedad y sus actores, sino también, por parte de la autoridad, el respeto a los derechos de los ciudadanos, en especial a la protesta y a las libertades de reunión y de expresión.
“La protesta, en cuanto derecho fundamental, debe ejercerse dentro del respeto a los otros derechos fundamentales (vida, integridad corporal, dignidad y propiedad pública y privada) y su ejercicio, amén de ser pacífico por parte de quienes la ejercen, debe ser respetado por las autoridades, llamadas a actuar con prudencia y proporcionalmente”, reza el comunicado.
VOCACIÓN DE DIÁLOGO
La Sala Plena de la Corte Suprema invocó, además, a las autoridades y a la ciudadanía en general, a mantener el diálogo, así como una posición alturada y respetuosa en los actuales momentos por los que atraviesa el país.
“En democracia siempre es posible lograr de manera consensuada objetivos de libertad, justicia y desarrollo social, y no podemos aceptar propuestas o asumir actitudes que nos encaminen al autoritarismo u otros sistemas políticos contrarios a las exigencias del bien común en libertad”, señaló.
Añadió, además, que está en riesgo la base fundamental de todo Estado constitucional si es que no se sabe dar los pasos necesarios para superar la crisis que nos lacera y alarma.
El comunicado recuerda, asimismo, que el alarmante índice de homicidios también ha enlutado al Poder Judicial con el asesinato de dos jueces de paz en sus despachos judiciales.
“Estas dramáticas circunstancias no pueden ser ajenas al Poder Judicial y al conjunto de los poderes públicos”, señaló el comunicado.
También expresó que la potestad jurisdiccional constituye pieza clave de un orden constitucional y republicano que expresa los valores superiores de justicia, seguridad jurídica, igualdad y desarrollo social pleno para el conjunto de los ciudadanos.
“Los jueces debemos tener presente el rol que desempeñamos y asumir, en todo momento, que la independencia que constitucionalmente se nos reconoce sirve para garantizar el respeto a la ley y tutelar los derechos de las personas”, refiere en otra parte el comunicado.
Finalmente, señaló que, ante la situación actual del país, la comunidad nacional debe desplegar los mejores esfuerzos en pro de la paz, la libertad y la justicia social, así como actuar con la mayor ponderación y espíritu de compromiso con los principios, valores y directivas que traza nuestra
