Si bien el expresidente Ollanta Humala afronta una sentencia de 15 años de prisión efectiva por el caso Odebrecht, enfrenta otra investigación en el Ministerio Público que sigue su curso, pese a que ya han transcurrido varios años.
El último martes se conoció que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo formalizó la investigación preparatoria en su contra y otros cuatro exmiembros del Ejército por los delitos de homicidio calificado (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada, perpetrados presuntamente en la base militar Madre Mía (San Martín), en 1992.
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Al respecto, el abogado de Humala, Edinson Huamán, calificó la reapertura del caso Madre Mía como “inconstitucional”, al recordar que ya existe un pronunciamiento de la Corte Suprema.
“Con relación al proceso de Madre Mía, esta es una reapertura inconstitucional, porque justamente hay que recordar que en el año 2009 la Corte Suprema emitió un recurso en nulidad en el que concluyó que no hay mérito para pasar a juicio oral. Es cosa juzgada y está vigente”, dijo esta mañana a RPP.
El abogado explicó que la reapertura del caso obedece a que se presentó el testimonio de uno o dos nuevos testigo que dice haber estado presente en la zona y que involucró a su patrocinado.
“Contra esos dos testigos que hay, existen por lo menos 40 o 50 testigos que niegan los hechos, en el sentido de que no estuvieron en el lugar, porque no era zona de jurisdicción de la base de Madre Mía”, indicó tras precisar que también hay intereses políticos de por medio.
NO RECURRIRÁN A LA LEY QUE OTORGA AMNISTÍA
Al ser consultado por si recurrirán a la ley que otorga amnistía a policías y militares que afrontan procesos por su labor en la lucha contra el terrorismo entre 1980 al 2000, Huamán descartó esa posibilidad.
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“Una de las estrategias es hacer valer la cosa juzgada y presentaremos los testimonios de las personas que estuvieron en el lugar de los hechos (...) nosotros no vamos a alegar la ley de amnistía, vamos a demostrar la inocencia de Humala de forma directa”, aseveró.
El Ministerio Público investiga la tortura y el asesinato con crueldad de Edgardo Isla, el pasado 25 de junio de 1992. Este acto había sido cometido presuntamente por los subordinados de Humala en el caserío de Yanajanca, así como la muerte de Nemer Acuña, en dicho mes.
Los restos óseos de ambas víctimas ya han sido recuperados e identificados como parte de la investigación, informó la Fiscalía en un comunicado.
También se investiga la desaparición forzada de otras 4 personas. Estas son Nelson Hoyos (5 de junio de 1992, en el caserío La Morada), Hermes Estela (6 de junio de 1992, en el caserío La Morada), Luis Izaguirre (25 de junio de 1992, en el caserío de Yanajanca) y Yander Leandro (23 de setiembre de 1992, en el caserío de Alto Pucayacu).
Estos delitos imputados contra Humala y los otros 4 exmiembros del Ejército se enmarcan en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Por ende, se dispuso, para el avance del caso, recibir la declaración de los procesados, los familiares de las víctimas, así como hacer solicitudes de información al Ministerio de Defensa, entre otras diligencias.
“El plazo de la investigación compleja se prolonga así por ocho meses hasta mayo de 2026″, indicó la Fiscalía.
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