El último lunes, el premier Ernesto Álvarez Miranda y los demás integrantes del Gabinete Ministerial se presentaron en la Comisión de Constitución del Congreso de la República para exponer los principales temas que están incluidos en el pedido de delegación de facultades legislativas por el plazo de 60 días.
De este paquete de iniciativas, llamó la atención la propuesta de reforma integral del sistema penitenciario que, entre otras cosas, generaría la “desaparición” del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tal como lo anunció el presidente José Jerí este domingo.
LEA TAMBIÉN: Premier sobre gestión en el INPE: Toda reingeniería implica el cambio de autoridades
Durante su intervención, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, explicó que la propuesta del Ejecutivo es crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
Tras considerar que la estructura organizacional del INPE está “desfasada” y que no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual, el ministro sostuvo que bajo dicha superintendencia se concretaría un sistema moderno, especializado y eficiente que no solo fortalecerá la seguridad, sino que reducirá la incidencia delictiva en los centros penitenciarios.
“Lo que pretende la Sunir es integrar dos políticas nacionales que ahora se encuentran fragmentadas, el INPE y el Pronacej, ya que estas trabajan por separado, con normas, procesos y estructuras distintas. Lo que buscamos es eliminar las duplicidades y crear un sistema que sea funcional, coherente y moderno”, sostuvo, tras precisar que con dicho organismo no solo se hará un real seguimiento a las personas que cometen infracciones o delitos desde que son adolescentes, sino que permitirá efectuar una mejor gestión de la inversión carcelaria.
En medio de este anuncio, los trabajadores del INPE anunciaron que evalúan ir a una huelga nacional indefinida en rechazo a esta propuesta, lo que generaría un conflicto que Jerí deberá resolver.
El ministro de Justicia, Walter Martínez, consideró que la estructura organizacional del INPE está desfasada y no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
¿LA CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA RESOLVERÁ LA CRISIS CARCELARIA?
En diálogo con Gestión, el expresidente del INPE, Wilfredo Pedraza, consideró que la eventual “desaparición” de dicha institución para dar pase a una superintendencia no tendrá ningún impacto en absoluto, así como tampoco ayudará a resolver la crisis carcelaria.
“Lo que plantean es hacer una reforma administrativa del INPE, de su organización, que yo no creo que esté desfasa. Obviamente se puede modernizar, potenciar, seguro, pero una reestructuración administrativa no tiene ningún impacto real en la lucha contra la corrupción, ni en la inseguridad del sistema penitenciario”, aseveró.
LEA TAMBIÉN: Hoy empiezan las pruebas de polígrafo al personal del INPE
A su juicio, el Gobierno debería concentrarse en algo que, al parecer, podría tener un mayor impacto en el corto plazo : acentuar el mecanismo de clasificación de internos y el aislamiento de presos de alta peligrosidad, así como la construcción de más pabellones de máxima seguridad.
A su vez, propiciar una limpieza total de todo mecanismo relacionado con la transmisión de telefonía celular y antenas, que está en la periferias de los penales. “Esas acciones me parecen mucho más eficientes y relevantes que aquellas que intentan implementar”, dijo.
“La realidad carcelaria y los dramas que significan las cárceles en el Perú no se resuelven con una reforma administrativa, se resuelve asignando mayor presupuesto, construyendo penales, revisando los mecanismos de seguridad y control de personas y eso toma tiempo. El propósito de esta reforma debe ser únicamente modernizar la parte administrativa y nada más. Suponer que a partir de esa reforma va a reducir los niveles de corrupción del INPE o mejorar la seguridad es una deducción errada”, indicó.
Por su parte, el director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, indicó a este diario que es imposible que esta propuesta tenga un impacto de forma inmediata; sin embargo, dijo que será positiva a largo plazo.
“La propuesta de crear una superintendencia es buena, urgente y necesaria a largo plazo, y hay que ver cómo se va a llenar de contenido naturalmente. Como iniciativa es urgente definitivamente, pero el error sería mostrarlo como una solución inmediata”, apuntó.
LEA TAMBIÉN: INPE habilitará pabellón de máxima seguridad en penal Ancón I
Tras recordar que actualmente el sistema penitenciario está al doble de su capacidad y que el Tribunal Constitucional (TC) amplió hasta el 2030 el plazo para que el Estado reduzca el deshacinamiento en los penales, el criminólogo calificó de interesante este tipo de iniciativas, como el de la creación de la superintendencia; sin embargo, reconoció que no se podrá implementar en corto plazo, porque requiere de una inversión.
El Tribunal Constitucional amplió hasta el año 2030 el plazo que tiene el Estado para deshacinar las cárceles en el Perú. (Hugo Pérez / Archivo)
En ese sentido, insistió en la necesidad de que cuando se haga público el contenido de la propuesta, esta debería estar acompañada de un plan de implementación a corto, mediano y largo plazo, así como un equipo de gestión de todos los proyectos y recursos que se necesitan para ponerlos en marcha.
“No perdamos de vista que el objetivo del sistema penitenciario no es evitar la extorsión desde las cárceles, sino evitar que la gente que ingresa a prisión reincida, que se resocialice el interno, y para eso hay una serie de medidas que deben ponerse en marcha. No es mala decisión plantearse una transformación como esa (creación de la superintendencia), lo que va a ser urgente y necesario es saber cómo se pondrá en marcha y cómo se ejecutará”, apuntó.
LEA TAMBIÉN: INPE impulsará aprobación de proyectos de ley a favor del trabajador penitenciario
¿UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN ES EL INDICADO PARA HACER LA REFORMA PENITENCIARIA?
Al ser consultado por el plazo en el que estaría lista la superintendencia, Álvarez Miranda informó que el Ejecutivo, una vez que se le otorgue las facultades legislativas, dispondrá de 60 días para emitir el decreto correspondiente. Añadió que la absorción del INPE sería “lo más rápido posible dentro de los recursos escasos con los cuáles disponemos”.
“Posiblemente no se alcanzará una implementación total antes de julio (del 2026), pero se dejarán los cimientos para que el próximo Gobierno siga desarrollando la idea y la implemente a cabalidad”, acotó el premier.
Para el exministro de Justicia, José Tello Alfaro, un Gobierno de transición como el de Jerí no es el más idóneo como para implementar una reforma del sistema penitenciario, ya que toma bastante tiempo.
LEA TAMBIÉN: INPE impulsará el uso de grilletes para delitos leves en lugar de prisión efectiva
“Esta no es una labor para un gobierno de transición que sabe perfectamente que tiene meses y no años de gestión. Creo que es una labor para un Gobierno de entrada. Lo que sí se sugeriría es que el tema lo desarrollen bien y logren convocar a las fuerzas políticas que participarán en las próximas elecciones para que se comprometan a implementar esta reforma en caso ganen la elección”, indicó a Gestión.
El abogado consideró que, en este momento, más impacto tendría que el Ejecutivo ponga en funcionamiento en corto plazo los penales de Ica, Huánuco, Piura y Arequipa, cuyas obras están a punto de culminar.
“El destrabe de la construcción de penales que ya existen es algo que puede hacer el presidente de forma inmediata. O sea, más que hablar de qué cosas se tienen que hacer en un plano que corresponde a un gobierno de cinco años, creo que esta gestión de transición debe preocuparse en sacar estos cuatro penales. Ya ha perdido casi un mes”, cuestionó, tras precisar que la creación de una superintendencia que reemplace al INPE no ayudará a resolver la crisis carcelaria.
Zevallos tiene una postura diferente. A su juicio, un gobierno de transición no deja de ser gobierno de Estado, por lo que consideró que Jerí tiene toda legitimidad para plantear las bases e iniciar el proceso de reforma penitenciaria.
El premier Ernesto Álvarez Miranda indicó que no se alcanzará una implementación total de la Sunir antes de julio del 2026, pero dijo que se dejarán los cimientos para el próximo gobierno
Recordó, por ejemplo, el caso del expresidente Francisco Sagasti, cuya gestión de transición inició las bases para fortalecer y reformar la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, el Gobierno de Pedro Castillo no continuó con dicho plan.
“Sagasti tuvo la legitimidad como presidente de hacerlo, aunque fuera encargado. Jerí es el jefe de Estado, tiene todo el derecho de plantear este tipo de reformas, pero siendo consciente de que no estará en sus manos el concluir y entregar esa reforma a la siguiente gestión”, manifestó, tras precisar que esta problemática es urgente y que no se puede esperar hasta después de julio del 2026 para hacer algo al respecto.
LEA TAMBIÉN: Barbadillo la prisión de los expresidentes: Inpe modifica directiva
Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
