Con 15 votos a favor y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este jueves admitir a trámite la Denuncia Constitucional N.º 580, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Martín Vizcarra por la adquisición masiva de pruebas rápidas durante el inicio de la pandemia de la COVID-19.
La denuncia involucra también al exministro de Salud, Víctor Zamora, y a la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, al haber autorizado la compra directa de más de un millón de pruebas serológicas, cuestionadas por autoridades sanitarias nacionales e internacionales.
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Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2020, en plena emergencia sanitaria, y habrían implicado una concertación ilícita para beneficiar a empresas privadas como Nipro Medical Corporation y Mulmedical Supplies S.A. La adquisición se habría realizado a través del Decreto de Urgencia N.º 028-2020, con un desembolso de más de US$ 6 millones en fondos públicos.
A Vizcarra se le atribuye haber dado la orden directa para que el MEF viabilizara la compra de las pruebas rápidas. Por su parte, a Zamora se le señala por implementar el uso de estas pruebas sin garantizar la seguridad sanitaria, y a Alva por gestionar la apertura de partidas presupuestales.
El informe sostiene que existió un presunto “concierto de voluntades” entre altos funcionarios y representantes de las empresas proveedoras, en un contexto de urgencia que habría sido aprovechado para concretar contrataciones irregulares.
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Archivamiento por improcedente
En la misma sesión, la subcomisión rechazó tramitar la Denuncia Constitucional N.º 550 contra el fiscal supremo Luis Arce Córdova por presunto enriquecimiento ilícito. Con 13 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se declaró improcedente por falta de indicios de dolo y por basarse únicamente en inferencias contables parciales, sin pruebas suficientes.
