La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advierte que los Proyectos de Ley N.º 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR, que buscan castigar con cárcel a directores y gerentes de empresas de telecomunicaciones por la promoción, distribución, comercialización y contratación de servicios móviles en la vía pública (venta ambulatoria de SIM cards), no detendrán las extorsiones y, peor aún, frenarán el acceso a servicios móviles e Internet.
EL gremio señaló que no hay relación alguna entre las actividades que se propone penalizar y la extorsión o la comisión de otros delitos.
“Bajo el texto presentado equivocarse en registrar el nombre del cliente por una letra, promocionar productos con un cartel publicitario, realizar el proceso logístico de comercialización móvil o vender en un puesto en la vía pública autorizado por un municipio o una feria itinerante tendría como castigo la cárcel”, indicó en su comunicado.
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Asimismo, AFIN manifestó que los textos no exigen que la actividad esté vinculada a la comisión de un delito ni que exista dolo en el accionar. El presidente del INPE señala que menos del 1% de las extorsiones en las cárceles se hacen con teléfonos móviles.
También consideró que los criminales ya usan otras vías más difíciles de rastrear, como llamadas por Internet desde otros países con numeración alterada, líneas móviles en roaming, redes informales de fibra óptica sin regulación o la reventa ilegal de Internet usando antenas WiFi para conectar incluso a las cárceles.
“Penalizar a los directivos o al vendedor o comprador que adquirió un chip a unos metros del punto de venta no resolverá esto”, anotó.
En ese marco, el gremio precisó que la medida ahuyentará la inversión, afectará la estabilidad del sector y retrasará la llegada de Internet a los 3 millones de peruanos que aún no tienen acceso. Además, frenará la implementación de nuevas tecnologías como el 5G. Es injusto responsabilizar a las empresas móviles cuando son las que han llevado conectividad a los lugares más alejados del país, alcanzando más de 42 millones de líneas móviles activas.
Por otro lado, dijo que no hay respaldo internacional,ya que países como México, Argentina y Chile no tienen leyes que castiguen penalmente a los directivos por ventas ambulatorias. En estos países, las sanciones son administrativas y los esfuerzos se centran en mejorar los controles, no en criminalizar a quienes lideran el sector.
Finalmente, AFIN exhorta al Congreso reconsiderar estas propuestas y enfocarse en soluciones reales que fortalezcan la verificación de datos y ataquen la raíz de la criminalidad, sin castigar a quienes impulsan la conectividad en el país. “Es clave garantizar la seguridad jurídica para asegurar más inversión y más acceso a internet para todos los peruanos”, concluyó.
