Pese a que registra tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso de la República para ejercer cualquier cargo público, el expresidente Martín Vizcarra insiste en su intención de participar en las elecciones generales del 2026.
En entrevista con radio Exitosa, el exmandatario, quien afronta un juicio oral en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, recordó que este año ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender momentáneamente las sanciones.
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Al respecto, el abogado del exmandatario, Alejandro Salas, estimó que dicha medida cautelar podría resolverse en setiembre de este año, por lo que su patrocinado podría quedar habilitado en esa fecha para participar en los comicios venideros.
En diálogo con Canal N, explicó que, a diferencia de una demanda formal, una medida cautelar se resuelve con mayor celeridad debido a los principios de necesidad y urgencia.
“Estamos impulsando una medida cautelar con la finalidad de que en setiembre de este año tengamos algún tipo de resultado. Estamos orientados a eso para que Vizcarra quede absolutamente habilitado”, dijo esta mañana.
Añadió que esta acción se sustenta en la supuesta violación de derechos fundamentales que habría sufrido el expresidente por parte del Congreso, que lo habría inhabilitado políticamente sin una sentencia judicial previa.
En ese sentido, denunció que se habría concretado un presunto “abuso de poder” contra su cliente.
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CUESTIONA AL JNE POR RETIRAR LA MILITANCIA DE VIZCARRA
En otro momento, Salas criticó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber excluido al exmandatario del padrón de afiliados de su partido político Perú Primero.
A juicio del también exministro de Trabajo, esta medida es excesiva y trasciende a la sanción original que aprobó el Congreso.
Enfatizó que cualquier ciudadano tiene derecho a afiliarse a un partido, aunque esté impedido de postular a cargos públicos. Frente a ello, dijo que excluir a Vizcarra del padrón de militantes es una restricción adicional que no está contemplada en la ley, y que afecta el derecho a la participación política.
Además, destacó que la jurisprudencia de la Corte IDH exige una sentencia firme para aplicar sanciones políticas que afecten derechos fundamentales. Recordó el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuya inhabilitación sin resolución judicial fue objetada por dicho organismo internacional.
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