Denunciantes exigen la creación de una Comisión de la Verdad para identificar a responsables directos e indirectos de las muertes que se registraron durante las protestas contra Boluarte. (Foto: Presidencia)
Denunciantes exigen la creación de una Comisión de la Verdad para identificar a responsables directos e indirectos de las muertes que se registraron durante las protestas contra Boluarte. (Foto: Presidencia)
Redacción Gestión

contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y otros funcionarios de su gobierno.

Por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar a fines de 2022 y principios de 2023. Las manifestaciones, que se extendieron por todo el país, fueron una reacción al ascenso de a la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo.

Seis meses después, este grupo anunció la ampliación de la denuncia debido a nuevos elementos que han surgido sobre la conducta de las autoridades implicadas en la muerte de al menos 49 personas durante las protestas.

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La ampliación de la denuncia tiene como objetivo incorporar detalles adicionales sobre la situación de las víctimas y la actuación de las autoridades, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la

¿Quiénes son los firmantes de la ampliación y qué exigen?

La denuncia ampliada está suscrita por figuras políticas y jurídicas, entre las que destacan Walter Albán, exdefensor del Pueblo; Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros; Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca; y Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA, informó RPP.

Los denunciantes han enfatizado que esta ampliación busca completar la información sobre los hechos ocurridos en los últimos meses. También, exigen la creación de una que permita identificar a los responsables directos e indirectos de las muertes, con el objetivo de que se haga justicia y se esclarezca la magnitud de las violaciones de derechos humanos.

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Los denunciantes señalan también que hasta el momento nadie purga condena por los “abominables ilícitos penales” y que el caso aún no se ha llevado a juicio.

“Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos”, detallaron.

Asimismo, informaron que, con el apoyo de organizaciones internacionales, prevén promover la creación de una Comisión de la Verdad, que determine con precisión la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de todos los responsables.

En nuestra anterior declaración, citamos al gran historiador tacneño Jorge Basadre. Esta vez asumimos una frase de otro gran peruano, Manuel González Prada: “El patriotismo no es amor a la tierra sino a la justicia”, finaliza el escrito.

Los fundamentos de la denuncia

Los denunciantes señalaron, a la hora de acudir a la CPI en agosto pasado, que la acusación se interpuso tras haber “absuelto pausadamente todos los requerimientos legales, de acuerdo con las exigencias de la citada corte, y actuado con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana”.

En ese sentido, precisaron que tienen “la justa expectativa de que se abra una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar”.

“Fundamentan nuestra denuncia categóricos informes de países y de organismos internacionales incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional", indicaron.

Además, señalaron que el país atraviesa “una de las etapas más críticas de nuestra historia, caracterizada por una severa afectación de los principios de la democracia representativa y muy graves violaciones de los derechos humanos que no pueden, no deben, quedar en la más absoluta impunidad”.

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