La Secretaría Nacional de Justicia de Brasil decidió suspender su cooperación jurídica internacional con Perú en los casos vinculados al caso Lava Jato, específicamente aquellos relacionados con la empresa Odebrecht (ahora Novonor), según informó el diario O Globo.
La medida responde a la “utilización”, por parte de las autoridades peruanas, “de pruebas que fueron invalidadas por la justicia brasileña” o que habrían sido empleadas en contextos distintos a los autorizados.
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Este hecho podría constituir una vulneración del principio de especialidad que rige los acuerdos de asistencia legal internacional.
El Ministerio Público de Brasil señaló que parte del material probatorio entregado en el marco del acuerdo suscrito con Odebrecht —que permite beneficios a cambio de colaboración efectiva— fue utilizado en procesos arbitrales y otras instancias sin el consentimiento brasileño.
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Desde Brasil también se cuestiona la falta de respuesta efectiva por parte del Estado peruano. Pese a que se enviaron comunicaciones oficiales desde noviembre de 2022 solicitando explicaciones sobre estos presuntos incumplimientos, no se habría recibido una aclaración satisfactoria.
Ante este escenario, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez, expresó que desde el Ministerio Público se defenderá la validez y el uso de las pruebas obtenidas legalmente.
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“Estamos haciendo todos los esfuerzos para sustentar el valor de la prueba ya presentada ante los jueces, muchas de las cuales han derivado en sentencias condenatorias”, declaró en RPP.
La suspensión representa un retroceso significativo en la colaboración entre ambos países para esclarecer los múltiples casos de corrupción derivados de la operación Lava Jato, considerada una de las mayores investigaciones sobre sobornos en América Latina.
