La posibilidad de una nueva vacancia presidencial vuelve a instalarse en la agenda política del país. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe final del denominado Caso Cofre, en el que se plantea que el Pleno evalúe si la presidenta Dina Boluarte incurrió en incapacidad moral permanente al presuntamente facilitar la fuga de Vladimir Cerrón a través del uso irregular del vehículo presidencial.
Pese a que la mandataria ha negado esta narrativa, según las conclusiones del informe, existe una “presunta coordinación desde el más alto nivel del Ejecutivo” para permitir el desplazamiento del exgobernador regional de Junín.
El documento apunta directamente a la jefa de Estado por “haber comprometido el uso de recursos públicos en favor de intereses particulares y ajenos al Estado”. Pero, ¿es el camino a una posible vacancia presidencial? ¿qué trámites seguirá este informe?
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¿Camino a la vacancia?
El caso se remonta a octubre de 2023, cuando Vladimir Cerrón desapareció pese a estar bajo vigilancia judicial. En ese periodo, imágenes de seguridad y registros del GPS vehicular vincularon una camioneta del Despacho Presidencial con desplazamientos inusuales en dirección a zonas cercanas a la frontera sur, lo que encendió las alertas de la oposición y motivó la apertura de la investigación parlamentaria.
Durante el debate en comisión, los congresistas que respaldaron el informe subrayaron la gravedad del hecho, señalando que se trataría de una “utilización del aparato estatal para encubrir a un prófugo de la justicia”. Desde el oficialismo, en cambio, se calificó el documento como una maniobra política carente de pruebas sólidas.
Con la aprobación del informe, el siguiente paso será su debate en el Pleno del Congreso, donde se requerirán al menos 66 votos para admitir a trámite una moción de vacancia, y posteriormente, 87 votos para aprobarla. Diversas bancadas ya han iniciado conversaciones internas para definir una postura común.
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Rumbo a la Fiscalía
El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, anunció que el informe final del denominado “Caso Cofre” será entregado directamente al Ministerio Público, pese a que el Congreso no le otorgó al grupo de trabajo las facultades formales de comisión investigadora.
En declaraciones a los medios, Burgos explicó que el extenso informe -que supera las 2,350 páginas- recoge evidencias que, a juicio de la comisión, comprometerían a la presidenta Dina Boluarte en presuntas irregularidades vinculadas al uso del vehículo presidencial.
El legislador precisó que, aunque el documento aún no ha sido debatido ni aprobado en el Pleno, eso no impide su envío a la Fiscalía.
“El mandato de fiscalización es autónomo y nos permite remitir nuestros hallazgos a las autoridades competentes”, remarcó.
“Es cierto que no se nos dieron facultades de comisión investigadora, pero eso no nos limita. Hemos cumplido con una labor de control político que corresponde enviar al Ministerio Público”, añadió Burgos.
