Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, cuestionó la instalación de una mesa de diálogo en Pataz como mecanismo del Ejecutivo para enfrentar la minería ilegal en la región. A su juicio, esta iniciativa fue innecesaria y revela la falta de estrategia frente a un problema de gran magnitud que involucra no solo delitos ambientales, sino redes criminales cada vez más violentas.
“Cuando hubo el asesinato de los 13 trabajadores, la reacción del Gobierno fue detener las actividades. La minería formal se detuvo, pero la ilegal no le hace caso a nadie. Luego a los 2 o 3 días escucho que las empresas mineras se quejaban de lo mismo. No hay plan, no hay previsión, no hay inteligencia”, dijo en Cuentas Claras, de Canal N.
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“Después de algunas semanas uno no puede ir a ciegas. La intención me parece buena, creo que es fundamental conversar, pero también es necesario informarse previamente. No se necesitaba esto de acá (mesa de diálogo) para conversar con el alcalde de Pataz”, añadió.
Herrera también subrayó que el crecimiento de la minería ilegal está directamente relacionado con el alto precio del oro y con la ineficiencia del Estado para controlar a quienes procesan la transformación del mineral.
Mesa técnica para el desarrollo integral de la provincia de Pataz, fue instalada el jueves 29 de mayo y contó con la presencia de varios ministros de Estado. Foto: gob.pe.
“Cuando el oro llegó a mil dólares la onza parecía mucho, ahora ya pasó los tres mil. Se habla de cifras que van desde US$ 7,500 millones hasta US$ 12,000 millones generados por la minería ilegal en la zona. ¿Cómo se le escapa eso al Estado?”, cuestionó.
El exministro explicó que el oro extraído en grandes volúmenes es procesado para reducirse a pequeñas cantidades que pueden salir fácilmente del país. “Hay que controlar las toneladas, porque hay un punto donde se convierten en gramos. ¿El Estado no tiene capacidad para controlar las plantas donde se hace esa transformación?”, se preguntó.
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Finalmente, Herrera advirtió sobre la evolución de las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad ilegal, a las que asoció con el arribo de bandas extranjeras. “La criminalidad ha crecido fuertemente con la llegada de los venezolanos. Ellos encuentran una actividad que está creciendo y que tiene un impulso económico extraordinario. Hablamos de bandas que secuestran y ejecutan a 13 rehenes. Eso cambia cualquier dimensión del problema”, advirtió.
