Si bien el expresidente Ollanta Humala afronta una sentencia de 15 años de prisión efectiva por el caso Odebrecht, enfrenta otra investigación en el Ministerio Público que sigue su curso.
Esta tarde se conoció que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo formalizó la investigación preparatoria en su contra por los delitos de homicidio calificado (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada, perpetrados presuntamente en la base militar Madre Mía (San Martín), en 1992.
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Dicha pesquisa, que fue declarada compleja por la fiscal provincial Marita Barreto, también incluye a Tobías Huaringa (alias ‘Huaringa’), Nicanor Guerra (alias ‘Rambo’), Amílcar Gómez (alias ‘Chicho’) y Russel Vela (alias ‘Livio’), todos ellos exmiembros del Ejecutivo que estuvieron bajo el mando de Humala, conocido como ‘Capitán Carlos’.
El expresidente se desempeñó en 1992 como jefe del Batallón Contrasubversivo 313, en la base militar Madre Mía. En aquella oportunidad, conformó grupos de patrullaje en zonas aledañas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón (Huánuco).
¿DE QUÉ SE LE INVESTIGA A OLLANTA HUMALA?
El Ministerio Público investiga la tortura y el asesinato con crueldad de Edgardo Isla, el pasado 25 de junio de 1992. Este acto había sido cometido presuntamente por los subordinados de Humala en el caserío de Yanajanca, así como la muerte de Nemer Acuña, en dicho mes.
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Los restos óseos de ambas víctimas ya han sido recuperados e identificados como parte de la investigación, informó la Fiscalía en un comunicado.
También se investiga la desaparición forzada de otras 4 personas. Estas son Nelson Hoyos (5 de junio de 1992, en el caserío La Morada), Hermes Estela (6 de junio de 1992, en el caserío La Morada), Luis Izaguirre (25 de junio de 1992, en el caserío de Yanajanca) y Yander Leandro (23 de setiembre de 1992, en el caserío de Alto Pucayacu).
Estos delitos imputados contra Humala y los otros 4 exmiembros del Ejército se enmarcan en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Por ende, se dispuso, para el avance del caso, recibir la declaración de los procesados, los familiares de las víctimas, así como hacer solicitudes de información al Ministerio de Defensa, entre otras diligencias.
“El plazo de la investigación compleja se prolonga así por ocho meses hasta mayo de 2026″, indicó la Fiscalía.
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