La diligencia se desarrolló simultáneamente en 10 distritos de Lima Metropolitana y en Huaura; en donde se incautaron documentos y dispositivos relevantes para la investigación, cuyos contenidos serán sometidos a los procedimientos de visualización y extracción de información autorizados judicialmente.
Asimismo, se confirmó la incautación de 1,140 cajas de conservas cárnicas de la empresa Frigoinca S.A.C., que fueron inmovilizadas durante una diligencia, antes de ser distribuidas por el programa estatal.
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Una de las viviendas allanadas, ubicadas en Pueblo Libre, es la del vocero presidencial y jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa, quien junto a los demás involucrados es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de Influencias y cohecho activo y pasivo propio.
A inicios de este mes, el vocero presidencial fue notificado de la investigación preliminar que le abrió la Fiscalía. Y es que Hinojosa se desempeñó como director ejecutivo de Qali Warma durante el periodo en el cual Frigoinca inició un crecimiento como fabricante de productos para dicho programa social, ganando importantes contratos con la finalidad de distribuir sus conservas ‘Don Simón’ en colegios estatales.
¿Por qué no se detuvo a Hinojosa y cuáles podrían ser las consecuencias?
Según informó RPP, la Fiscalía había solicitado la detención preliminar por el plazo de 10 días contra Hinojosa, así como de Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca, y de su hijo, Oliver Burga Farro; sin embargo, el Poder Judicial rechazó este pedido.
La decisión judicial se basó en la ley que aún se encuentra vigente, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, que limita la aplicación de la detención preliminar solo para casos de flagrancia.
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Si bien el Parlamento derogó dicha norma la madrugada del sábado y aprobó una nueva autógrafa de ley que restituye la aplicación de la detención preliminar en casos que no sean en flagrancia, recién remitió el documento al Gobierno el último lunes, a las 3:00 p.m., para su respectiva promulgación.
No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó en una entrevista radial que la autógrafa de ley aún no había llegado a su despacho. Es más, pese a la urgencia del tema no quiso garantizar su inmediata promulgación, ya que primero emitirían una opinión técnica al respecto, que será remitida al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén.
Será el premier quien propondrá un documento final a la presidenta Dina Boluarte con la decisión del Ejecutivo: o bien aprueban promulgar la ley o, de lo contrario, plantearán observaciones. Cabe recordar que, de acuerdo a la normativa interna, la mandataria tiene un plazo máximo de 15 días para tomar una decisión al respecto.
Ante esta situación, el diario El Comercio informó que la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país contra Hinojosa y otros investigados en el marco del caso Qali Warma para asegurar su presencia durante el proceso; sin embargo, la audiencia judicial recién se realizaría el próximo lunes 6 de enero; es decir, en 20 días.
En diálogo con Gestión, el abogado penalista Andy Carrión advirtió que, en este momento, Hinojosa podría salir del país y pasar a la clandestinidad, tal como lo hicieron Vladimir Cerrón y Nicanor Boluarte, debido a que no tiene ninguna restricción.
En ese sentido, consideró que, de ocurrir ese escenario, cabría una responsabilidad administrativa en los funcionarios del Ejecutivo, mas no penal. Explicó que se debería seguir la ruta del trámite que se sigue para promulgar una norma en el Gobierno, desde el momento en que se recibe el documento hasta cuando llega a las manos de Arana y demás integrantes del Consejo de Ministros.
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“Si el presidente del Congreso informó que ya remitió la autógrafa de ley al Ejecutivo, habría que indagar cuál es la ruta que se sigue; es decir, si va a la mesa de partes de la PCM y desde ahí a dónde se deriva. Hacer un seguimiento específico porque puede haber una demora dolosa, y eso sería una omisión de funciones, pero si no es así y solo se está siguiendo el trámite ordinario, no habría responsabilidad penal, por ahora”, remarcó.
En cuanto a las sanciones que podrían recibir los funcionarios del Ejecutivo, Carrión añadió que van desde las amonestaciones escritas y/o verbales hasta las destituciones en sus respectivos cargos.
“Tendría que ser muy flagrante. Por ejemplo, que dolosamente el documento esté en un despacho (dentro del Gobierno) y no lo quieran trasladar o seguir la ruta usual (de la tramitación). Solo así podría atribuirse una responsabilidad administrativa”, sostuvo.
El penalista también lamentó que el Poder Judicial haya programado la audiencia en la que se evaluará el impedimento de salida del país contra Hinojosa recién en 20 días, cuando urge asegurar su presencia durante el proceso.
Frente a ello, añadió que el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), debería aplicar la videovigilancia al vocero presidencial para seguir sus pasos hasta el día de la audiencia y evitar así que pase a la clandestinidad; sin embargo, mostró su incredulidad respecto a que esta medida pueda funcionar al recordar los casos de Cerrón y Boluarte.
“La Fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de investigación fiscal, que niego categóricamente, no hay forma de generar ningún tipo de restricciones a la libertad”, insistió.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta organización criminal estaría constituida, promovida, financiada, integrada y vinculada por los miembros de Frigoinca y funcionarios o servidores públicos del Qali Warma.
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Dicha red criminal, informó el Ministerio Público, habría operado bajo un mecanismo de corrupción consistente en la entrega de sobornos a diversos funcionarios de Qali Warma, de la Dirección General de Salud (Digesa), y otras entidades del Estado y personas particulares, desde aproximadamente el año 2020.
Burga Malca, dueño de Frigoinca, sería el líder de la presunta organización criminal, mientras que los otros miembros claves serían su hijo, Oliver Burga, y seis trabajadores más de su empresa.
Además de Hinojosa, en la lista de investigados figuran otros 11 servidores públicos que laboraron en Qali Warma.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
