La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por la crisis política que atraviesa el país tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte por una incapacidad moral permanente y la asunción en el cargo de José Jerí.
A través de un comunicado, dicho organismo advirtió nuevamente que la subjetividad de esa figura impacta la separación de poderes y la estabilidad de la institucionalidad democrática. A su juicio, la decisión de vacar en el cargo a Boluarte, a 6 meses de las elecciones generales, fue un “proceso acelerado”.
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“Esta es la sexta vez en ocho años que el Congreso recurre a esta figura para remover a una autoridad electa e impedir que concluya su mandato. Su aplicación reiterada y discrecional ha generado crisis políticas y sociales, afectando la gobernabilidad y la confianza ciudadana en la democracia”, advirtieron.
La CIDH consideró que los procesos de vacancia o remoción de autoridades en ejercicio del poder deben observar el debido proceso, las garantías institucionales y el equilibrio de poderes, conforme a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.
“La falta de una definición objetiva de la incapacidad moral permanente genera un margen de discrecionalidad que afecta la independencia de los poderes públicos, así como debilita la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado de Derecho”, acotaron.
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PIDEN QUE LAS DECISIONES SE ADOPTEN DENTRO DEL RESPETO AL ORDEN CONSTITUCIONAL
En otro momento, la CIDH reiteró su recomendación al Estado para delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen, con parámetros claros y objetivos, las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias.
“En este marco, la CIDH urge al Estado peruano a garantizar que las decisiones políticas se adopten dentro del respeto al orden constitucional, la separación de poderes y el Estado de derecho. Asimismo, exhorta a los actores políticos e institucionales a actuar con responsabilidad y promover el diálogo democrático, asegurando la protección de los derechos humanos y la estabilidad institucional del país durante el proceso de transición y hasta la celebración de las elecciones generales de 2026″, agregaron.
El último martes, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, consideró que la vacancia de su patrocinada, aprobada por el Congreso, fue un proceso arbitrario e inconstitucional, por lo que adelantó que evalúan presentar una demanda de amparo ante el Poder Judicial. A su juicio, se vulneraron derechos fundamentales de la exmandataria, entre ellos, el plazo razonable para ejercer su defensa.
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