
Este viernes, la Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú abordará los informes finales de seis denuncias constitucionales presentadas contra diversas autoridades, entre ellas Betssy Chávez y Geiner Alvarado, quienes ocuparon cargos clave durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. La sesión está convocada para las 09:00 horas.
El informe correspondiente a la Denuncia Constitucional 355 recomienda acusar a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros y excongresista, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
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Además, se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Se solicita al Pleno autorizar el levantamiento del antejuicio político en su contra.
En paralelo, el informe de la Denuncia Constitucional 289 propone acusar a Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por infracción al artículo 39 de la Constitución, al refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021.
Asimismo, se plantea su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública, conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Perú.

Otros informes en agenda
También figura en la agenda el informe de la Denuncia Constitucional 98 (antes 448), formulada contra Aldo Figueroa Navarro, exjuez supremo titular de la Corte Suprema. Se le imputa la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado.
Se encuentra además el informe final sobre la Denuncia Constitucional 469, interpuesta contra Jorge Salas Arenas, en su condición de juez penal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por ser presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
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Finalmente, la Comisión revisará el informe de la Denuncia Constitucional 492, presentada por el exfiscal de la Nación (i) Juan Villena contra la presidenta Dina Boluarte. El documento señala la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio.
No obstante, se recomienda su archivo “por no proceder formular acusación contra la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte”, conforme al artículo 117 de la Constitución.