Entre los participantes destacaron el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, los ministros Walter Astudillo (Defensa) y Juan José Santiváñez (Interior), así como los voceros de las bancadas, entre otros más.
Uno de los temas que se abordó fue el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca crear el delito de terrorismo urbano. Durante su intervención, Santiváñez enfatizó que es necesaria la aprobación de esta propuesta porque no solo implica elevar las penas para los delitos de sicariato y extorsión, sino también permitiría la posibilidad de intervención de las FF.AA. en la persecución de estos actos ilícitos.
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Si bien la norma en mención señala que las conductas que causan terror o zozobra en la población con los referidos delitos deben ser reprimidas con no menos de 30 años de prisión, el ministro recalcó que se requiere tipificar esta conducta como terrorismo urbano porque ello conllevaría a un cambio en el sistema de administración de justicia.
“El terrorismo urbano no puede ser perseguido por un fiscal común sino por un fiscal para delitos de terrorismo; no lo juzga un juez común sino un juez para delitos de terrorismo; el procurador que representa al Estado es el de terrorismo, y el cabecilla de esta organización puede ser enviado a la Dinoes o a la Base Naval, porque es terrorismo”, puntualizó.
¿Cuáles fueron las posturas de la Fiscalía y el Poder Judicial?
Los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público tuvieron una posición distinta a la del integrante del Ejecutivo.
Tello, por ejemplo, consideró que su institución podría revisar los elementos típicos que constituyen la figura penal de terrorismo, por lo que adelantó que no se opone a incorporar otros elementos en la misma.
“Como quiera que existe la figura del delito de terrorismo dentro de lo que son los delitos contra la tranquilidad y seguridad pública en el Código Penal, la propuesta del Poder Judicial es que podríamos revisar los elementos típicos que constituyen o que configuran esta figura, de tal manera que pudiera ser que los alcances de todos los elementos que lo conforman podrían también alcanzar para considerar el terrorismo cuando se comete ya no en el campo, sino en lo urbano, en la ciudad”, indicó la presidenta del Poder Judicial.
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En ese sentido, la jueza suprema aclaró que, tras el análisis que se haga en su institución, podría pronunciarse si es que es o no necesaria la creación de una nueva figura penal, como el terrorismo urbano.
“Por eso es que mi posición no es en contra. Consideramos que, en muchas situaciones, el Código Penal regula las figuras penales con bastante minuciosidad, respetando el principio de especialidad (...) podríamos considerar que la posibilidad de este análisis de la figura penal tiende a regular sus efectos sobre estos hechos que se están presentando, como fue el atentado contra el local del Ministerio Público en La Libertad”, aseveró.
Por su parte, el asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación, Jorge Rojas Yataco, consideró que el proyecto en mención debe revisarse “muy detenidamente” debido a que busca agravar las penas sobre delitos que ya están contemplados en el Código Penal.
“La propuesta que siempre se hace es de incrementar las penas (...) lo que hace es agravar las penas en base a los delitos de sicariato, conspiración de sicariato, el delito de secuestro y el delito de extorsión, que ya de por sí están prescritos en el Código Penal, incluso algunos de ellos, como el secuestro, con una pena de cadena perpetua”, indicó tras precisar que no sería necesario una nueva ley.
El funcionario del Ministerio Público, quien acudió en representación de Delia Espinoza, insistió en que la propuesta debe ser evaluada con minuciosidad para establecer, sobre todo, la configuración del tipo penal y los verbos rectores que en este tipo penal se establecen.
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