La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional que recaía en la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones leves y lesiones graves durante las protestas de diciembre del 2022 a marzo del 2023.
El congresista delegado José Jerí Oré sustentó un informe en el que asegura no hay elementos de convicción suficientes que acrediten “de manera indubitable y objetiva” la existencia de conductas dolosas atribuibles a la mandataria.
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“No se han identificado órdenes directas, actuaciones dolosas ni se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados lesivos que se pudo evidenciar”, argumentó Jerí.
Cabe recordar que la denuncia constitucional también apuntaba a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola; los exministros de Defensa, César Cervantes y Jorge Chávez Cresta, así como los exministros del Interior, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Protestas contra la presidenta Dina Boluarte causaron la muerte de al menos 50 civiles, según estimaciones de Amnistía Internacional. Foto: Leonardo Cuito / GEC Foto: Cesar Campos/@photo.gec
La ponencia duró apenas un par de minutos y no generó debate. Tras ello se sometió al voto su archivamiento y recibió el respaldo de 12 congresistas.
Por ello, solicitó que se archive la denuncia constitucional —presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena— “sin perjuicio” de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones dentro de sus competencias.
María Acuña defiende actuación de la Subcomisión
Frente a las críticas por el archivamiento de la denuncia contra Dina Boluarte, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, defendió el procedimiento seguido por su grupo de trabajo y afirmó que la decisión de votar a favor o en contra de una denuncia corresponde exclusivamente a la voluntad de cada parlamentario. “Si los congresistas están de acuerdo, votan a favor; el congresista que está en contra, vota en contra. Es una voluntad de cada congresista que conforma su comisión”, señaló.
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Respecto a los cuestionamientos sobre un presunto blindaje desde el Congreso hacia la mandataria, Acuña rechazó esa narrativa. “En la subcomisión hemos visto muchas investigaciones, hemos tenido que convocar a los denunciantes, hemos tenido la oportunidad de escuchar los descargos, y en algunos casos hemos visto que no hay elementos de convicción para que los congresistas tomen la firme determinación de votar a favor de alguna acusación que vaya contra los altos funcionarios”, sostuvo.
Asimismo, justificó que la última sesión haya sido reservada, argumentando que actuaron dentro del marco legal. “Dentro del reglamento del Congreso está estipulado que las denuncias constitucionales que tienen los altos funcionarios, deben ser reservadas cuando contienen delitos. Y en este caso, la denuncia constitucional también los contiene. Por lo tanto, nosotros, como Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, estamos actuando dentro de la ley, dentro del reglamento y respetando a la Fiscalía de la Nación”, enfatizó.
