
La presidenta Dina Boluarte se encuentra nuevamente en la mira del Congreso de la República, a raíz de la aprobación de dos informes finales en la comisión de Fiscalización que recomiendan, por separado, su vacancia presidencial por una presunta incapacidad moral permanente.
El grupo de trabajo que lidera Juan Burgos aprobó la mañana del último miércoles el informe final del caso ‘Cirugías’, que recibió el respaldo solo de 9 legisladores y 3 se abstuvieron. Llamó la ausencia de los integrantes de Fuerza Popular y Avanza País durante el debate y votación, así como la abstención de Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y el Bloque Magisterial.
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En el documento se precisa que, a fines de junio del 2023, la presidenta se sometió a diversas intervenciones estéticas, como una rinoplastía más septumplastía y relleno facial con grasa autóloga extraída de la pared abdominal, según confirmó el médico cirujano Mario Cabani.
Producto de ello, experimentó un periodo de “incapacidad médica temporal” desde el 28 de junio hasta el 4 de julio de 2023 (reposo posoperatorio), por lo que habría estado incapacitada temporalmente para ejercer el cargo.
Tras recordar que la jefa de Estado no informó sobre esta situación al Parlamento, la comisión concluyó que esta habría infringido los artículos 114, 115 y 118 de la Carta Magna por abandonar el cargo sin justificación, así como habría cometido los delitos de falsedad ideológica y omisión de funciones.

Finalmente, se recomienda que el Congreso evalúe de manera objetiva, técnica y política si las acciones y omisiones atribuibles a la presidenta son motivos para declarar su vacancia por incapacidad moral permanente.
A inicios de este mes, el grupo de Fiscalización aprobó el informe final del caso ‘Cofre presidencial’ e incluyó entre sus recomendaciones que el Parlamento evalúe la vacancia de Boluarte por una incapacidad moral permanente, al determinar que hay un “quiebre moral” y una “clara incapacidad” para que siga en el cargo.
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De esta manera, estos dos documentos reabren el debate de una posible destitución de la mandataria a menos de un año de las elecciones generales; sin embargo, ¿se justifica una medida de este tipo?.

¿SE PERCIBE UNA INCAPACIDAD MORAL PERMANENTE EN DINA BOLUARTE?
En diálogo con Gestión, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, consideró que los hechos expuestos en los informes finales de los casos ‘Cirugías’ y ‘Cofre presidencial’ no justifican una vacancia presidencial.
“A mi modo de ver, no se justifica una vacancia presidencial por este caso (’Cirugías’), porque por más operaciones de vanidad que haya tenido Dina Boluarte, no ha estado incapacitada más allá de las ocho horas que normalmente uno puede estar así por estar durmiendo durante la noche. Esto es relativamente normal”, indicó, tras recordar que el Tribunal Constitucional (TC) ha habilitado la posibilidad de ejercer el Gobierno a través de medios tecnológicos, como una laptop y el internet.
“No es imaginable que Dina Boluarte haya estado inconsciente más de 8 horas”, añadió.
Recordó que la incapacidad moral permanente es una figura que genera una absoluta indignidad en la persona que ejerciendo el cargo de Jefe de Estado comete un hecho tan grave que ni siquiera pudiera alegar un debido proceso o una situación de duda.
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“La figura habla de que la persona que ejerce el cargo de presidente no puede seguir ejerciendo el cargo por una absoluta incapacidad moral relativa a un hecho de corrupción evidente, con audio y video, o un hecho que constituye una gravísima inconducta, como puede ser un homicidio o un golpe de Estado”, apuntó.
En ese sentido, recalcó que el caso de las cirugías estéticas que se practicó Boluarte en el año 2023 sin informar al Parlamento no calza en la figura de incapacidad moral permanente.
“Operarse y estar dormida unas horas, no constituye ni calza en la figura de incapacidad moral permanente”, aseveró el experto.
Respecto al caso ‘Cofre presidencial’, Álvarez consideró que el informe final carece de pruebas y sin este requisito “los indicios tampoco constituyen por sí solos una grave incapacidad moral”.
“El hecho de los regalos de los relojes Rolex hablan de una política (Dina Boluarte) que miente, al igual que caso de las cirugías y el ‘cofre presidencial’, pero eso dos casos tampoco son una situación tan grave que ameriten una vacancia presidencial (...) a mi manera de ver no llegan a la figura de la vacancia, que es una puerta que la Constitución coloca para casos de suma y extrema gravedad”, aseveró.

“HAY FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA QUE SEA INHABILITADA O SUSPENDIDA”
El abogado penalista Andy Carrión tiene una posición distinta. A su juicio, el debate no debe centrarse en si el tiempo en el que Boluarte estuvo “incapacitada temporalmente” justifica su vacancia presidencial o no, sino debe revisarse si esta siguió el procedimiento establecido en la Constitución.
“Pudo haber sido media hora, dos horas o cinco horas en las que Boluarte estuvo realmente incapacitada y el resto del tiempo sí manejo temas de Estado, pero la cuestión es que sí estuvo incapacitada, al menos durante el tiempo de la intervención quirúrgica y el posoperatorio”, indicó a este diario.
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“Así haya estado media hora incapacitada, ese es el problema. Imagínate si en esa media hora se requería una decisión de Estado. Acaba de haber un fuerte temblor e imagínate si hubiera sucede en ese pequeño lapso de tiempo un terremoto, una situación en la que se requieren medidas urgentes de manejo de Estado. Ese es el punto”, añadió.
El experto consideró que el informe final del caso ‘Cirugías’ debe abrir la puerta para que se debata si la mandataria infringió la Constitución a raíz de esta situación. Frente a ello, sostuvo que si se acredita que la presidenta no ha cumplido con dicho procedimiento ameritaría su vacancia
“Ese procedimiento de comunicación al Congreso es necesario ante una incapacidad, pueda ser esta temporal o permanente. Tú te imaginas que la presidenta haya estado desmayada o en cuidados intensivos uno o dos días, la pregunta es qué decisiones de Estado habría podido afrontar. Ese es el tema que debería de resaltarse”, apuntó.
Carrión, en ese sentido, señaló que “sí hay fundamentos jurídicos para que Boluarte sea inhabilitada o suspendida en el cargo” por no haber seguido el procedimiento establecido, sin embargo, vio difícil que dicha medida prospere en el Parlamento por la especie de “pacto” que hay entre algunas bancadas y el Ejecutivo.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
En cuanto al futuro de los dos informes finales y los siguientes pasos que se seguirán, Álvarez consideró que ambos documentos no deberían ser votados y discutidos en el Pleno del Congreso, al recordar que la comisión de Fiscalización no tenía facultades para poder indagar los dos temas.
No obstante, dijo que podrían ser un insumo para sustentar una moción de vacancia presidencial que se prepare de forma separada y así pueda abrirse el debate en el Pleno.
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Precisamente, Burgos viene recolectando firmas para presentar una moción de vacancia presidencial. Según dijo, ya cuenta con 20 rúbricas de las 26 que se necesitan para presentarlo oficialmente.
Desde el Ejecutivo restaron importancia al informe final del grupo de Fiscalización. A juicio del premier Eduardo Arana, las recomendaciones de dicho documento “no tienen valor en la esfera judicial, no son vinculantes”.

Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.