La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que restablece la inmunidad parlamentaria, mecanismo anulado en la pandemia por el propio Legislativo.
Con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la mesa de trabajo autorizó la reforma constitucional, propuesta por Wilson Soto (Acción Popular) que busca “fortalecer” las labores del Congreso.
“Se garantiza la autonomía (del Congreso) que puede verse mermada por persecuciones judiciales, arrestos y detenciones de sus miembros por mociones, control y votos emitidos”, dijo Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución (Fuerza Popular), quien también aseguró que los parlamentarios son objetos de hostigamientos políticos.
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El abogado constitucionalista Erick Urbina sostuvo a Gestión que los congresistas han utilizado anteriormente la inmunidad parlamentaria para “ser intocables”.
“(La inmunidad parlamentaria) Se convirtió en una suerte de protección para que los congresistas entorpezcan el normal funcionamiento del Poder Judicial. Tuvimos varios casos en los que congresistas con casos judiciales, ganaban elección congresal y no podían ser sometidos a juicio ordinario por la inmunidad. Eran intocables”, indicó.
Inmunidad parlamentaria a un paso de restituirse: los detalles
Según el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso, la inmunidad parlamentaria se restablecerá recién tras las elecciones generales del 2026. Es decir, para los diputados y senadores que escogerá la ciudadanía. No beneficiará a los congresistas del periodo actual.
Comisión de Constitución aprobó dictamen para reponer la inmunidad parlamentaria. Regiría desde el 2026 si se aprueba en el Pleno del Congreso. Foto : Cesar Bueno @photo.gec
“Solo será la inmunidad para delitos de función. No es protección por delitos que se hayan cometido antes (de la elección popular) o los que cometa en flagrancia como conducir en estado de ebriedad”, dijo el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular).
Por lo tanto, la inmunidad no se aplicará para delitos cometidos antes de que el senador o diputado haya sido elegido.
En caso de un delito en flagrancia cometido por un congresista, se pondrá “de inmediato” a disposición de la cámara a la que corresponda o de la Comisión Permanente —en caso de recesos parlamentarios— para que en 24 horas autorice si se lo priva de la libertad y se somete a la justicia.
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Los congresistas quedarán protegidos de toda investigación judicial desde su elección hasta un mes después de cesar sus labores. Sin embargo, si llega una solicitud para levantar la inmunidad parlamentaria deberá ser validada por la cámara a la que pertenece o la Comisión Permanente en 30 días improrrogables.
Vencido dicho plazo sin que haya un pronunciamiento del Congreso, la Corte Suprema de Justicia declarará si procede o no la formación de causa. De prosperar, se aplica el desafuero y queda el legislador a disposición de la justicia.
Consecuencias de restablecer la inmunidad parlamentaria
El constitucionalista Erick Urbina considera que la inmunidad parlamentaria “sería un retroceso tremendo” porque “si a un presidente se le puede investigar en funciones, ¿por qué estaría un congresista por encima de cualquier funcionario?“.
Senadores y diputados decidirán si se levanta la inmunidad parlamentaria de un congresista. Foto: Andina
El excongresista y abogado constitucionalista Luis Roel, sostuvo que el congreso bicameral del 2026 gozaría de una “inmunidad parcial”, lo cual es preocupante ya que “se protegerán y blindarán a sí mismos”.
“Este Congreso ha demostrado que la inmunidad parlamentaria (sic) su eliminación era más que razonable porque sino fuera por la eliminación de esta figura jurídica, el Ministerio Público no pudiera haber presentado todas las denuncias constitucionales contra ellos (los congresistas) y estarían en un libre albedrío que mellaría más el sistema democrático”, dijo a Canal N.
Tanto Urbina como Roel coinciden en que ya existe un mecanismo que protege el voto y opinión de los congresistas, en un marco donde toda función política está protegida por la prerrogativa del antejuicio político.
