El Congreso de la República abrirá la próxima semana el debate sobre la pensión vitalicia solicitada por la expresidenta Dina Boluarte, presentada diez días después de dejar el cargo.
El pedido no solo incluye la pensión mensual, sino también un paquete de beneficios operativos: vehículo oficial, combustible y un trabajador contratado bajo la modalidad CAS.
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El presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi, confirmó que la discusión se realizará en la primera semana de diciembre.
Sostuvo que el trámite está habilitado porque Boluarte integró una fórmula presidencial electa, condición que -según explicó- permite acceder a este tipo de beneficios en tanto no exista una acusación constitucional aprobada.
Citó, además, un dictamen previo de la Comisión de Constitución que respalda este criterio.
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Reacciones divididas en el Congreso
El anuncio reavivó tensiones entre las bancadas. Desde la izquierda, la congresista Ruth Luque rechazó que Dina Boluarte pueda recibir una pensión, alegando que no fue elegida por voto popular directo y recordando su responsabilidad política por las muertes registradas durante su gobierno.
En Fuerza Popular, el legislador Alejandro Aguinaga también se mostró en contra, argumentando que la exmandataria “ha sido vacada y ha tenido situaciones que desdicen la actuación presidencial”.
Otras posiciones fueron más matizadas. El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, planteó que la Mesa Directiva evalúe un monto proporcional al salario parlamentario, actualmente de S/ 15.200, aunque evitó una postura de rechazo frontal.
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¿Cuánto podría cobrar?
El cálculo final de la pensión aún no está cerrado. Fuentes legislativas estiman que podría fluctuar entre S/ 26,000 y S/ 35,000 mensuales, según si se aplica o no el incremento salarial aprobado durante el propio gobierno de Boluarte, que elevó la remuneración presidencial a S/ 35,568.
Ese ajuste sigue pendiente de validación por parte del Parlamento.
Boluarte ya mantiene otros procesos administrativos y judiciales vinculados a pagos laborales. Tras su salida del Reniec exigió una compensación de S/ 428,905, de los cuales el Poder Judicial validó S/ 239,000. Además, su defensa legal en investigaciones fiscales continúa siendo cubierta por el Estado.
La normativa vigente señala que los beneficios para expresidentes se mantienen mientras no exista una acusación constitucional aprobada. Si el Congreso inicia un juicio político y aplica sanción, los pagos se suspenden de inmediato.
