La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionó el último martes de manera “reservada” a fin de abordar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte en el marco del caso “Rolex”.
Esto, a pedido de la propia mandataria, quien en una carta enviada a la presidenta del grupo de trabajo, María Acuña, solicitó que dicha sesión no sea de carácter público, por lo que los periodistas fueron retirados de la sala Miguel Grau Seminario del Congreso.
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Al término de la audiencia, Acuña informó a la prensa que evaluará una fecha para citar a Boluarte, a fin de que brinde sus descargos frente a la denuncia presentada en su contra.
Según dijo, la solicitud fue realizada por la congresista delegada de la denuncia, a fin de esclarecer los hechos para la elaboración del informe final del caso.
“Hay un pedido que la congresista delegada ha hecho, que a la presidenta la volvamos a citar, así es que vamos a ver en qué fecha vamos a volver a citarla. Lo que necesitamos nosotros es esclarecer los hechos y tenerlos claros para que la congresista delegada pueda dar un informe final”, acotó.
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“No hay conexión entre decretos supremos y entrega de relojes”
En tanto, el abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, insistió en que el Ministerio Público no ha podido demostrar la conexión entre los decretos supremos emitidos a favor del gobierno regional de Ayacucho y los relojes entregados a su patrocinada, de propiedad de Wilfredo Oscorima.
“Esto es un ámbito de imputación absolutamente desvinculado con el ámbito temporal que el Ministerio Público ha resuelto, la ausencia de mecanismos normativos que hayan beneficiado al Gobierno Regional de Ayacucho”, cuestionó.
“Desde nuestra perspectiva se ha demostrado que Ayacucho no ha sido una región beneficiada por exclusividad, sino que hay regiones que en igual sentido han sido beneficiadas, como corresponde, por el Gobierno”, añadió el defensor de la presidenta.
El año pasado, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la jefa de Estado por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, a raíz del caso Rolex.
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