Los integrantes de las comisiones de la Mujer y Familia, y de Protección a la Infancia del Congreso, se mostraron de acuerdo con la decisión de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga Peña, de extinguir el Programa Wasi Mikuna por la situación de escolares intoxicados tras el consumo de alimentos en mal estado en varias regiones del país.
Durante una sesión conjunta de ambas comisiones, los legisladores también exigieron supervisar a los proveedores y cambiar a los funcionarios corruptos para continuar con la atención del servicio en beneficio de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Fue luego de escuchar la información brindada por la titular del Midis, así como por el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de la Salud, Herber Cuba García, quienes dieron cuenta de sus acciones ante la intoxicación de escolares.
La ministra Urteaga señaló que el servicio de alimentación escolar se encuentra en emergencia, por lo que ahora cuentan con la modalidad de subvención económica para la remuneración de cocineras, transporte, y para utilizar alimentos frescos, supervisados por un comité.
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El modelo se inicia en el colegios, se elige un comité que debe rendir cuentas en la asamblea de padres de familia y el menú se decide con las madres de familia.
El viceministro Cuba García informó que el Minsa tuvo una actividad inmediata, como en Piura, que recibieron 105 niños intoxicados, al tiempo que hicieron una supervisión de los establecimientos.
Luego, Henry Rebaza Iparraguirre, director General de la Dirección General Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), indicó que la supervisión de alimentos es una tarea compartida con gobiernos locales y regionales, como la supervisión de depósitos y entrega de alimentos.
Sostuvo que se ha priorizado la vigilancia de los servicios de alimentación, así como la supervisión de elaboración de alimentos. Dijo que la supervisión en todo el país culminará en dos meses.
Por su parte, la congresista Mery Infantes (Fuerza Popular), representante de la región Amazonas, donde también hubo afectados, pidió trabajar de manera responsable y en conjunto para evitar poner en peligro la vida de niños en situación vulnerable, ya que muchos de ellos viven en zonas que no tienen agua.
La legisladora Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú) lamentó que las empresas proveedoras cambien de razón social, para continuar trabajando con el Estado, por lo que exigió mejorar el personal para detectar a esas empresas corruptas.
Por su parte, el parlamentario Jaime Quito, afirmó que los S/ 2,427 millones que tiene el Midis para dicho programa, solo sirve para enriquecer a ciertas empresas y personas involucradas.
La congresista Heidy Juárez Calle denunció que en dos instituciones educativas de Mórrope se recibieron productos en mal estado y aún no son retirados de dichos establecimientos. En tanto, la legisladora Flor Pablo, quien consideró necesario establecer responsabilidades.
