Han transcurrido cerca de tres semanas desde que la nueva mesa directiva de la comisión de Fiscalización del Congreso, encabezada por Juan Burgos (Podemos Perú), se instaló y ya tienen entre manos una investigación contra un miembro del Gabinete Ministerial.
Se trata del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la difusión de unos audios de las conversaciones que sostuvo con el capitán PNP, Junior Izquierdo, alias ‘culebra’.
En las conversaciones, que ya vienen siendo analizadas en el Ministerio Público, el titular del Interior le habría dicho a su interlocutor que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado cerrar la Diviac para ser nombrado en el cargo.
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Además, este habría mencionado un presunto favorecimiento del Gobierno para que el líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, permanezca prófugo de la justicia. Es más, sugirió que el también exgobernador de Junín habría utilizado un vehículo presidencial con ese propósito.
Tras conocerse esta noticia, el grupo de trabajo que lidera Burgos no solo recibió los descargos de Santiváñez e Izquierdo frente a esta denuncia, sino que aprobó pedir al Pleno que les otorgue facultades de comisión investigadora para poder indagar el caso por el plazo de 120 días.
Sin embargo, esta no es la única investigación que tiene en agenda la comisión de Fiscalización para este periodo. En esta nota repasaremos algunos de los casos que se encuentran en agenda.
Irregularidades en la gestión de Oscorima
El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, afronta diversos cuestionamientos. No solo viene siendo investigado en el Ministerio Público por el caso ‘Rolex’, sino que también se han denunciado diversas irregularidades en las obras impulsadas en su gestión.
Al respecto, Burgos adelantó a Gestión que su grupo de trabajo solicitará al Pleno facultades de comisión investigadora para poder indagar, por el plazo de 120 días, todas las irregularidades detectadas en su gestión.
“Continuaremos la investigación contra Oscorima, que fue iniciada en la gestión anterior. Queremos que se nos otorgue facultades de comisión investigadora para que podamos hacer una pesquisa mas profunda de su gestión, y así poder levantar su secreto bancario, tributario y de las comunicaciones”, acotó.
Tras conocerse el caso Rolex, el gobernador fue citado hasta en tres oportunidades al Congreso para responder por estos hechos y otras denuncias de irregularidades en su mandato.
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Sin embargo, este decidió guardar silencio por recomendación de su abogado, Humberto Abanto, al alegar que no respondería temas que se encontraban bajo investigación en el Ministerio Público.
La Contraloría advirtió presuntas irregularidades en la construcción de dos obras durante el mandato de Oscorima, que suman un valor superior a los S/ 290 millones. Se trata de la edificación de seis escuelas profesionales en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y el proyecto del Hospital de Puquio.
El órgano de control también dio cuenta de un excesivo sobrecosto en la construcción del estadio “Cuna de la Libertad Americana”, ubicado en el complejo deportivo Venezuela (Ayacucho), que será utilizado para los XX Juegos Bolivarianos.
Entre los principales hallazgos se evidenció una serie de deficiencias en el expediente técnico de la obra, así como el riesgo de colapso de los techos.
“Definitivamente Oscorima tiene que dar explicaciones por todas estas irregularidades que se han conocido en algunas obras. No puedo adelantar juicio, pero lo vamos a llamar nuevamente y a las personas involucradas, porque muchas de las declaraciones que dio quedaron en el vacío. Ahí sacaremos conclusiones”, aseveró.
Nicanor Boluarte y los ‘Waykis en la Sombra’
El caso de Nicanor Boluarte y la organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’ no pasó desapercibido en la comisión de Fiscalización. Ni bien se conocieron las primeras reuniones que tuvo el hermano de la presidenta con diversos funcionarios en su casa, el grupo de trabajo lo citó hasta en tres oportunidades, pero no acudió a ninguna de ellas.
Ante esta situación, la gestión anterior aprobó solicitar ante el Pleno facultades para poder investigar este tema por un plazo de 120 días. De esta manera, no solo se podría citar de grado y fuerza a Boluarte, sino también se podrá acceder al secreto de sus comunicaciones, bancario, entre otros.
En diciembre del año pasado, el Consejo Directivo tomó conocimiento de la moción y la incluyó en la orden del día; sin embargo, han transcurrido más de ocho meses y hasta ahora no ha sido debatida en el Pleno.
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Respecto a este tema, Burgos indicó a este diario que conversará con el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, a fin de que priorice cuanto el debate de esta moción.
El legislador de Podemos Perú añadió que citará a las autoridades del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Educación, Provias Descentralizado, Sencico y demás instituciones en las que el hermano de la jefa de Estado habría utilizado sus influencias para colocar a allegados suyos en puestos claves.
“Sobre Nicanor Boluarte, vamos a insistir en citarlo porque no vamos a negociar nada. Haremos un trabajo muy equitativo”, acotó.
De acuerdo con el testimonio que dio Víctor Torres, amigo de la presidenta, ante el EFICCOP, el IPD era usado como presunta agencia de empleos para entorno de Dina y Nicanor Boluarte.
Adicionalmente, la Fiscalía investiga al hermano de la presidenta por haber intercedido para que su sobrina, Victoria Dávila Boluarte, gane contratos en el Programa de Educación Básica para Todos, entidad adscrita al Minedu. Se le investiga por el presunto delito de negociación incompatible.
Rafael López Aliaga y otras gestiones en la mira
Burgos añadió que también pondrán atención a las presuntas irregularidades que se denuncien en los municipalidades y gobiernos regionales.
Uno de los burgomaestres que estará en el radar de la comisión es Rafael López Aliaga, alcalde de Lima que podría enfrentar un proceso de revocatoria en el cargo.
“Vamos a ver el tema del sobrecosto de las motocicletas adquiridas para la seguridad ciudadana. Vamos a citar a todos los involucrados. Otra tema que se analizará es lo ocurrido con las Ollas Comunes y Qali Warma. Priorizaremos lo que le interesa a la población”, acotó.
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Tras conocerse esta noticia, el alcalde de Lima responsabilizó a Pana Autos por el sobrecosto de las motos y dijo que evaluará demandarlos.
En lo que respecta a las Ollas Comunes, en noviembre del año pasado integrantes de la Red de Ollas Comunes de Huaycán, Villa María del Triunfo (VMT) y San Juan de Lurigancho (SJL) denunciaron que reciben menos insumos desde que el municipio capitalino asumió la distribución de los alimentos, labor que antes recaía en el MIDIS.
Desde la municipalidad aseguraron que la empresa proveedora justificó la falta de entrega de conservas debido al fenómeno de El Niño.
“Todo se va a investigar, aquí no vamos a blindar a nadie. Todos serán sometidos al mismo procedimiento”, enfatizó el legislador.
Burgos agregó que, a pedido de los propios miembros de la comisión, se tiene previsto citar a los gobernadores del Callao (Ciro Castillo), Tumbes (Segismundo Cruces), Lambayeque (Jorge Pérez), Áncash (Koki Noriega) y Huánuco (Antonio Pulgar), tras denunciarse una serie de irregularidades en sus gestiones y que fueron dados a conocer por los mismos legisladores.
Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
