La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente un informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, como presunto instigador de la comisión del delito contra la administración pública.
La denuncia constitucional fue interpuesta por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en septiembre del 2024. Según la acusación, Otárola habría ejercido injerencia funcional indebida en contrataciones públicas, beneficiando a personas con quienes mantenía vínculos personales y profesionales previos, hechos sustentados en informes periodísticos y otros elementos probatorios.
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Recordemos que el ex jefe del Gabinete Ministerial, presuntamente concertó ilícitamente con dos directivos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) para que Rosa Pierina Rivera Bermeo, persona cercana a su entorno, sea favorecida irregularmente con dos órdenes de servicio en la mencionada entidad.
Con esta decisión aprobada por unanimidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá nombrar a un congresista delegado que asumirá el caso y convocará a una audiencia los involucrados en el caso, es decir al denunciado, denunciante y testigos para que ofrezcan realicen sus declaraciones respectivas.
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Tras vencerse el plazo para el proceso, deberá presentarse un informe final que concluirá si hay o no lugar a la acusación del investigado. Si es aprobado, pasará a la Comisión Permanente para su debatido y aprobado, donde luego se elevará el caso al Pleno del Congreso.
Según la denuncia constitucional, Otárola habría ejercido injerencia funcional indebida en contrataciones públicas, beneficiando a personas con quienes mantenía vínculos personales y profesionales previos. (foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
